Zaragoza.- Los partidos que conforman el arco parlamentario autonómico tendrán que decidir el próximo jueves, durante la sesión plenaria prevista para ese día, si apoyan al PP en su propuesta de reprobar al Gobierno de Aragón por no haber presentado un borrador de presupuestos para 2019.
Tal y como ha explicado el portavoz de Hacienda de los populares, Antonio Suárez, tendrán que posicionarse respecto a "la inacción y falta de interés por dotar a la Comunidad Autónoma de presupuestos con la repercusión negativa que eso tiene para el bienestar y la calidad de vida de los aragoneses”.
Según sus palabras, la opción tomada por la DGA es “impresentable”, y aún considera más grave que después, tanto el presidente, Javier Lambán, como su consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, “intenten engañar a la ciudadanía, incluso haciendo gracias al respecto”. Y añadía: “Congelar el presupuesto, por mucho que un espabilado intente confundir, es siempre negativo. Es de sentido común porque supone una congelación del gasto social importante”.
Y ha puesto un pequeño pero significativo ejemplo de ello. “Muchos créditos van a ser insuficientes en 2019, como por ejemplo, el de la atención y protección de mujeres frente a violencia machista, ya que la cuantía de 2018 ya era insuficiente”.
Un "marrón" para el próximo gobierno
Suárez augura que, como consecuencia de la falta de cuentas públicas autonómica, va a ser “un año caótico”, y “un marrón para el próximo gobierno” porque “tendrá que arreglar esta situación”.
Y es que, tal y como ha recordado, en 2018 “se han hecho modificaciones de crédito por valor de 160 millones”, que hubo que mover de unas partidas a otras para dotar de recursos suficientes a ámbitos concretos, como el pago de nóminas a funcionarios. Con lo cual “partimos de un agujero mínimo de esa cuantía”, según el diputado popular.
Suárez ha aprovechado la ocasión para denunciar que la gestión presupuestaria del Ejecutivo PSOE-CHA se ha caracterizado por “la disminución relativa de lo dedicado a políticas sociales”. Según sus cifras, en 2012, año en que gobernaba PP-PAR, este ámbito suponía un 63,95% del presupuesto, mientras que en 2018 “es de un 60,15%”.
También lo considera un gobierno de “ejecución presupuestaria calamitosa” porque “este año se van a dejar de ejecutar 84 millones”, lo que supone “dejar de hacer colegios o centros de salud, entre otros”.
