Madrid.- El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha lamentado este lunes que el Ministerio de Fomento no se haya comprometido a incluir sus alegaciones al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, como alargar los plazos de los contratos de alquiler, limitar los precios de arrendamiento o multiplicar por cinco el presupuesto del citado plan hasta los 2.000 millones de euros para 2018.
Híjar ha presentado éstas y otras alegaciones junto a los concejales de Vivienda de otras seis de las llamadas “ciudades del cambio” (Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia, Santiago de Compostela y La Coruña), que han sido recibidos en la sede del Ministerio por el secretario de Estado de Vivienda, Julio Gómez-Pomar.
Pese a que el encuentro ha sido “cordial”, Híjar ha lamentado la “importante distancia” que les separa del Ministerio, así como la falta de “grandes acuerdos que vayan a beneficiar a los vecinos y vecinas de Zaragoza”.
Entre las demandas que según Híjar Fomento sólo se ha comprometido “a estudiar” se encuentra “la necesaria actuación del Estado” para regular “los precios del alquiler”, que en la capital aragonesa “ya han subido de una manera importante el año pasado”, a lo que habrá que añadir “una nueva subida este año”. El concejal apuesta así por que el Gobierno promueva “la regulación de los precios del alquiler en zonas de alta demanda” para “evitar la expulsión masiva” de los vecinos e inquilinos.
Otra de las alegaciones pasa por elevar de los 3 a los 5 años el plazo mínimo de los contratos de alquiler, a fin de garantizar que “las personas arrendatarias puedan realizar un proyecto de vida” y “una relación sólida con su entorno”, según se lee en el dossier que han entregado a los medios de comunicación.
Respecto al presupuesto, tanto Zaragoza como los otros seis ayuntamientos son partidarios de dotar al Plan Estatal de Vivienda con un presupuesto de 2.000 millones de euros para 2018. Actualmente el presupuesto es de 467 millones, una inversión equivalente al 0,059 por ciento del PIB, según los datos recopilados por estos consistorios. “Estamos a años luz del presupuesto para hacer posibles las políticas de promoción de vivienda pública y de rehabilitación de vivienda tanto privada como pública”, ha sentenciado Híjar.
Un plan de "alto contenido social"
El secretario de Estado de Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha destacado el “alto contenido social” del nuevo Plan Estatal de Vivienda, aún en tramitación. Asimismo, ha subrayado el “alto consenso” que a su juicio este plan ha cosechado con la Federación Española de Municipios y Provincias y con las Comunidades Autónomas, “que son las que ejecutan la competencia” de vivienda. Gómez-Pomar ha asegurado que “las medidas normativas” que han adoptado en los últimos años “están dando sus frutos” en el fomento del alquiler y en el descenso de los desahucios.
El secretario de Estado se ha mostrado poco partidario de adoptar medidas como la limitación de precios de alquiler o la ampliación del plazo mínimo de los contratos, ya que a su juicio podrían desmotivar a quienes han invertido su dinero en adquirir la propiedad de una vivienda para su posterior arrendamiento.
Sobre la petición de elevar el presupuesto hasta los 2.000 millones de euros, Gómez-Pomar ha dicho que “no hay una cifra cerrada” y que “habrá que esperar a los PGE de 2018”, si bien ha recordado que el Gobierno también debe preocuparse por el pago de las pensiones y de las prestaciones por desempleo, entre otras políticas sociales.
