La RAPA amenaza con extremar su postura si la DGA inicia el cobro del ICA de 2017

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha amenazado con retomar las movilizaciones y con llamar a la población al impago en caso de que el Gobierno inicie el cobro del recibo del ICA del año 2017. Abogan por una propuesta en la que los ayuntamientos gestionen sus depuradoras y que incluya una cuota de compensación a la DGA.

Zaragoza.- La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha amenazado con extremar su postura en caso de que el Gobierno autonómico inicie el cobro del recibo del ICA del año 2017. Esta advertencia pasaría por retomar las movilizaciones y hacer un llamamiento al impago a la ciudadanía, así como por no aceptar el acuerdo al que lleguen PSOE y Podemos para la reforma de este impuesto.

Su portavoz, Enrique Gracia, ha resaltado que un "nuevo tarifazo" en Zaragoza sería "una bomba" en la línea de flotación de este acuerdo, que lo haría "imposible completamente". "No somos los zaragozanos ni los movimientos sociales de Zaragoza los que necesitamos un acuerdo. Son los políticos los que se examinan en mayo. Tendrán que dar cuenta de lo que han hecho estos cuatro años para dar una solución a este problema", ha señalado.

Ante esta situación, desde la RAPA han presentado una propuesta que, aseguran, es el eje central de las conversaciones que están teniendo lugar en las Cortes. Esta pasaría por que sean los ayuntamientos quienes gestionen y financien sus depuradoras a través de una tasa municipal. Además, proponen una cuota de compensación al Gobierno de Aragón menor a 10 céntimos/metro cúbico de agua consumida. En total, el objetivo es que ningún aragonés pague más que la media nacional, cifrada en 92 céntimos/metro cúbico de agua.

Para Gracia, la vía preferencial para gestionar el saneamiento y la depuración de aguas residuales es la recuperación de las competencias por parte de los ayuntamientos. "Hoy hay soluciones técnicas que se adaptan a cualquier tamaño de población y clima, con costes muy inferiores a la depuradora del actual Plan de Saneamiento", ha señalado.

Además, desde la RAPA creen que el Gobierno de Aragón "está muy mal asesorado" al afirmar que legalmente no se puede suprimir los cobros de 2017 y 2018. "Hemos consultado a especialistas jurídicos y nos han asegurado sin ningún género de dudas que se puede hacer una nueva normativa que afecte a un periodo ya devengado, es decir, ya comprometido", ha añadido.