Zaragoza.- El Consejo de Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón. Según ha explicado el consejero del ramo, José Luis Soro, "nos coloca a la vanguardia de las legislaciones autonómicas" porque "refleja una nueva forma de entender la política de vivienda colocando a las personas por delante".
Una de las principales novedades es que, en garantía de la función social de la vivienda, contempla la expropiación de viviendas que no estén siendo utilizadas con fines residenciales. Eso sí, solo aquellas que pertenezcan a personas jurídicas, en su gran mayoría entidades bancarias, o de grandes propietarios, que posean más de 15 viviendas. Una medida que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en las leyes impulsadas por Navarra y País Vasco.
Según ha querido dejar claro el consejero, esta medida se contempla "en caso de reiteración de faltas graves" y que "siempre el primer paso será firma de convenios con entidades bancarias", como ya se ha intentando hacer desde le principio de la legislatura. Considera que con esta ley y "el hecho de facilitar la expropiación, se van a propiciar esos acuerdos".
Soro ha reconocido que hasta ahora "ha habido falta de voluntad" por parte de las entidades bancarias a la hora de ceder vivienda al parque público, cuando "son parte del problema de vivienda y deben ser parte de la solución". Eso sí, espera "dar pronto buenas noticias" al respecto.
Vivienda social y protegida
El texto incluye la creación del Fondo de Vivienda Social de Aragón, con el que se gestionarán todas las viviendas sociales de todas las administraciones públicas, sea cual sea su procedencia.
Además, se modifica el régimen de la Vivienda Protegida, recuperando el control público de todas las adjudicaciones de vivienda nueva, y las transmisiones de las ya existentes, a través del Registro de Vivienda Protegida de Aragón. También se recupera el sistema de sorteo.
La novedad más importante en este ámbito es que la protección de la vivienda alcanza toda su vida útil. Y, por tanto, no es posible la venta de las mismas. "Entendemos que la vivienda protegida debe serlo siempre, para que no se pueda especular con ella", añadía Soro.
La vivienda es un derecho
El consejero ha señalado que la Ley se presenta bajo dos premisas novedosas: la consideración de la vivienda como un derecho y la definición de la función social de la vivienda. Ha explicado que toda persona física tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna “que sea adecuada a su situación familiar, económica y social y su capacidad funcional”. De este modo se reconoce un auténtico derecho subjetivo y por lo tanto, todos los ciudadanos y las asociaciones pueden exigir judicialmente a las administraciones públicas el cumplimiento de esta Ley ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Los poderes públicos de Aragón deben proveer de una alternativa habitacional a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad y afectada por un procedimiento de ejecución hipotecaria o de desahucio por falta de pago de la renta.
El consejero ha explicado que “tras el proceso de participación se incorporó la posibilidad de dotar no sólo de respuesta habitacional, sino también de prestación económica”.
Otros aspectos destacados
Este anteproyecto de Ley de Vivienda expone que las políticas públicas de vivienda se basan en el alquiler como instrumento fundamental para dar respuesta al derecho a una vivienda y la rehabilitación. Se regulan de forma exhaustiva los derechos del usuario de vivienda, especialmente el derecho a la información tanto en la transmisión de viviendas como en los préstamos hipotecarios y otras formas de financiación.
Además, se establece la obligatoriedad de la mediación cuando se produce un conflicto (esto incluye tanto los contratos de compraventa los sistemas de financiación). Por último, se crea el Observatorio de la Vivienda de Aragón, con la finalidad de obtener datos para que los poderes públicos puedan tomar decisiones fundadas en bases científicas.
