Zaragoza.- El Pleno de las Cortes ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno de España a regular con urgencia las actividades sanitarias que pueden ser calificadas de alto interés social, con el objetivo de luchar contra el fraude de quienes no ejercen su actividad con los fines sociales que anuncian en su publicidad, como ocurrió en el caso de iDental, que deja unos 14.000 afectados en Aragón.
La iniciativa del Partido Popular ha recibido el apoyo unánime de toda la Cámara autonómica para que se inste al Estado a desarrollar la Ley General de Sanidad de 1986 y dictar el Real Decreto que debe determinar las condiciones mínimas exigibles a esta actividad sanitaria social. Además, todos los grupos han destacado la necesidad de que el Consejo Interterritorial revise la cartera básica de servicios para que se incluya la salud bucodental.
El diputado popular Fernando Ledesma ha lamentado que "probablemente no evite las estafas" pero ha asegurado que "ayudará a regular las actividades sanitarias privadas que utilicen el marchamo social". Considera necesario regularlo porque "es más fácil crear una red de clínicas sanitarias que vender un producto de Denominación de Origen que realmente no lo es".
"Tendríamos que lanzar la pregunta de por qué los diferentes gobiernos no han desarrollado esta ley", ha puesto sobre la mesa Olvido Moratinos, diputada del Partido Socialista, quien a su vez ha señalado que "lo importante es buscar soluciones a los afectados, aprender de los errores y legislar para poner por encima de todo los derechos de los ciudadanos". Moratinos ha recordado que el Gobierno de España, también socialista, ya ha confirmado que está trabajando en el decreto.
Desde Podemos, la diputada Marta Prades ha lamentado que "tenga que darse una situación tan dura como la de iDental para debatir sobre el desarrollo de una ley". Además, ha lamentado que algunas empresas "se aprovechen y hagan negocio con la Sanidad". Por su parte, la diputada del Partido Aragonés Berta Zapater ha señalado que los 14.000 afectados en Aragón "merecen que todos los resquicios legales eviten que estas empresas campen a sus anchas".
La portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Susana Gaspar, se ha mostrado "sorprendida" por el hecho de que el Gobierno de Aragón "no tomara medidas siendo que había denuncias y los afectados fueran derivados entre las diferentes consejerías". Por ello, ha denunciado lo que considera una "dejación de funciones". Por último, desde el Grupo Mixto, la diputada Carmen Martínez ha lamentado que la ausencia de la salud bucodental en la cartera de servicios de la Seguridad Social "lo convierte en un nicho de negocio para la privada".
