Zaragoza.- El próximo lunes 17 de diciembre se sentarán en el banquillo de los acusados cinco de los inicialmente 25 acusados en el caso Plaza por el saqueo de más de 150 millones en la construcción de la plataforma logística zaragozana. Será así gracias a los acuerdos alcanzados para 20 de ellos con la Fiscalía Anticorrupción y que esta mañana se han presentado en la vista oral del juicio en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
De esta forma, tan solo se mantienen las acusaciones sobre los empresarios Agapito Iglesias, Miguel Ángel Floría, María del Mar Jaso, Francisco Joven y el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Escó.
Los acuerdos: solo Becerril y Jordán entrarán en prisión
Como consecuencia de los 20 acuerdos alcanzados, tan solo dos de estas personas entrarán en prisión: el exgerente de la Plataforma Logística Ricardo García Becerril y el directivo de la UTE Acciona-Mariano López Navarro, José María Jordán, quienes han aceptado cumplir 2 años de prisión y un día por malversación de caudales públicos.
En cuanto al resto, en los acuerdos se les ha aplicado un atenuante de confesión, rebajando dos grados las penas solicitados en un principio para ello, y se les considera partícipes a título lucrativos, es decir, que se han beneficiado del hecho delictivo sin tener responsabilidad sobre el mismo. Entre estas personas se encuentran la mujer y una de las hijas de García Becerril. De esta forma, no tendrán antecedentes penales.
El acuerdo con Becerril supone un gran cambio en materia penal, ya que se solicitaban 23 años de prisión para él. Según ha explicado el fiscal José Grinda a la salida de los juzgados, "la respuesta es proporcional", teniendo en cuenta que "los hechos delictivos que se le imputan se remontan a 2002, y que se le ha decomisado un inmueble en Salou, una nave valorada en 700.000 euros y que debe hacer frente a una multa de la Hacienda Pública por la que, incluyendo todos los conceptos, deberá abonar unos 300.000 euros". Becerril también tendrá que realizar 700 horas en beneficio de la comunidad.
La UTE Plaza también queda fuera del proceso
La UTE Acciona-Mariano López Navarro ha ingresado hoy mismo en favor de la DGA 15 millones de euros del pacto alcanzado. Asume así el pago como responsable civil por las malversación ejercida por algunos de sus trabajadores. Además, se ha comprometido a pagar otros 35 millones de euros, y a dejar de reclamar otros 10 millones a la Comunidad Autónoma derivados de desacuerdos respecto al contrato de construcción de la plataforma logística.
Este acuerdo queda muy por debajo de los 147 millones reclamados por la DGA a la UTE, pero la Administración Autonómica podrá seguir reclamando el resto en un proceso de arbitraje entre ambas partes.
