Zaragoza.- Distintas organizaciones empresariales, entidades ecologistas, comerciantes, asociaciones vecinales, partidos políticos (ZEC, Podemos e IU) y sindicatos (CCOO y UGT) interpusieron un procedimiento judicial el pasado 16 de enero de 2018 contra la aprobación, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, del Plan Especial de Reforma Interior. Este habilitaba la implantación del macro-complejo Torre Village en el antiguo polígono industrial de Pikolín (área H-61-5), según los portavoces demandantes, sin una determinación manifiesta de "la compatibilidad de usos con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)" y sin que se concibiera el sometimiento del proyecto a la figura de "evaluación ambiental estratégica".
A punto de cumplirse un año del inicio de la acción legal por la vía Contenciosa-Administrativa, los demandantes se han reunido para reprobar públicamente el "retraso" de una resolución judicial "que podría afectar a la tramitación de licencias relacionadas con usos a implantarse en las edificaciones". Pero también podría generar, por un lado, una preocupante contención en la actividad comercial detallista, además de desencadenar el efecto "burbuja laboral".
Así lo explica la responsable de Acción Sindical de CCOO, Carmen López, quien considera "una irresponsabilidad" que a pocos días de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) admitiera a trámite el recurso "el Inaem y Torre Villge anunciaron un proceso de selección para la contratación de 800 personas para 2019". Sin embargo, dada la vigencia de esta incertidumbre judicial, López cree que, a día de hoy, "se está jugando con la esperanza de miles trabajadores".
Críticas al fondo y a la forma del trámite de licitación
El presidente de la Federación de Barrios de Zaragoza, Juan Carlos Crespo, argumenta que el emprendimiento de las acciones legales vino motivado por una conjunta "oposición frontal" a tanto el fondo como la forma de la licitación de las obras. Crespo especifica que el recurso sostiene la reprobación del macro-complejo por razones de movilidad, ya que al considerarse la carretera de Logroño uno de los principales ejes estructurantes y de acceso a Zaragoza, el riesgo de colapso por tráfico "insostenible medioambientalmente".
Asimismo, los demandantes observan "crucial" que el alto tribunal aragonés se pronuncien "de modo inmediato" porque, además de alegar un incumplimiento de plazos y calendarios, creen que el inicio de las obras está sujeto a posibles irregularidades, que pudieran derivarse de la determinación en la licencia del "uso genérico y no específico del suelo". En ese sentido, consideran que se ha efectuado una "infracción de la normativa del PGOU en cuanto a los usos que puedan implantarse en este tipo de suelos".
Los usos comerciales, de ocio, de restauración y cine anunciados, especifican, "suponen una alteración sustancial de los usos globales del PGOU de Zaragoza por parte del Plan Especial del Área de Intervención H-51-6". Respecto a los usos admisibles en las zonas H (como se cataloga el suelo para el emplazamiento de Torre Village), detallan, "el propio PGOU implícitamente está reconociendo que no permite el uso comercial indiscriminado, pretendiendo mantener los usos industriales existentes. De otro modo, "habría calificado estos terrenos como zona E de renovación de uso", zanjan.
