10/8/2012
El Ministerio de Justicia, tutelado por Alberto Ruiz Gallardón, anunciaba hace unos días la grata noticia de que la malformación u otro tipo de minusvalía en el feto humano dejarán de ser causa legal para poder abortar. Con esta decisión acertada no cabe duda de que se va desmoronando, aunque tímidamente y con mucha lentitud, la perniciosa y vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la cual refleja a todas luces una animadversión manifiesta que se orienta al constitucional derecho a la vida.
Ante esta tesitura, en Aragón, se han alzado voces divergentes y vehementes de “estrellas” que ejercen la política y que a su vez abogan por la defensa del aborto apelando a la libertad de elección de la mujer frente a los embarazos, a la sazón, la de Nieves Ibeas por parte de Chunta Aragonesista (CHA), la cual declara que abortar es un derecho fundamental, aserto acompañado con eslóganes publicitarios tales como “nosotras parimos, nosotras decidimos” (¿?), aunque lo que siempre omita aquélla es a qué artículo de nuestra Carta Magna corresponde tal derecho. Y no es la primera vez que este discurso discrepante se airea en la atmósfera de la opinión pública, pues la mencionada diputada autonómica no se cansa de prodigarse como una feminista que aplaude un progresismo tan falso como artificial encaminado a fomentar derechos sui generis e imaginarios que son imputables únicamente a las mujeres en detrimento de los auténticos e indiscutibles derechos de los demás, en este caso los de los concebidos pero no nacidos.
La decisión ministerial está legítimamente amparada pon el respaldo de los copiosos votos que le otorgaron la mayoría absoluta al PP el pasado 20-N, lo cual hizo posible que se formara el actual gobierno de la nación, así como por un programa electoral en el que se contemplaba estratégicamente las líneas de acción en una hipotética gobernabilidad que, por cierto y contundentemente, llego a materializarse.
Me gustaría advertir públicamente que el ser humano está dotado de una dignidad inviolable muy lejana de cualquier antropología positivista, materialista y/o hedonista de la que a todo trance se nos quiere inocular coactiva y sagazmente. Los progresistas filantrópicos que solapadamente destilan una imposición más que autoritaria, consideran únicamente el aspecto biológico de las personas y por ello obvian el sentido de la vida, e incluso lo peor, niegan que la vida tenga algún sentido. Nunca he llegado a entender cómo los proabortista defienden liberalizar homicidios deliberados y sin embargo abominan de la pena de muerte y de cualquier tipo de tortura física. El pluralismo ético lo reivindican como la consecuencia natural del pluralismo ideológico, dogmatizando una moral de situación que en demasiadas ocasiones niega incluso la existencia de ésta, quedando a flote solamente el instinto puramente animal.
En consecuencia, y echando un vistazo a la historia, el género humano ha sido capaz de crear la música de cámara para deleite de muchos y al mismo tiempo la cámara de gas para quebranto de otros, un antagonismo tan brutal como incomprensible. Lo que ahora se critica en relación a la decisión de defender a los nasciturus con malformaciones dentro del seno materno al descalificar este supuesto legal, no es otra cosa que lo que se juzgó y condenó en los juicios de Núremberg, en aquellas matanzas ominosas que los nazis realizaron en los campos de concentración a quienes padecían alguna discapacidad o malformación congénita.
Y esa selección eugenésica de la raza es la que no se ajusta con el efectivo progreso social, pues la prolija normativa que ampara y fomenta los derechos de los discapacitados, tanto los concebidos como los ya nacidos, no puede ser fruto de la hipocresía política y legislativa a la que nos tienen acostumbrados los partidos “vanguardistas” y osadamente libertinos, unos partidos demagógicos que imaginan la experiencia de la vida no ya en su vertiente ontológica sino más bien en un plano tecnológico afín a los momentos fundamentales de la vida humana. El ser humano por más que haga, nunca conseguirá desprenderse de la realidad óntica de su naturaleza. Me parece una indecencia transgredir esta cuestión, pues la forma de ver el nacimiento y la muerte debe ser proyectada sobre el conjunto de la vida humana, sobre su misma concepción del ser y del obrar relativa a una norma moral cierta y objetiva.
La tolerancia jurídica del aborto aboca irremediablemente a la sociedad a la decadencia, a la ruina institucional y al declive humano. El respeto a los derechos fundamentales prescritos en nuestra consensuada Constitución de 1978 no puede verse resignado por un positivismo irracional e insensato de “derechos” exclusivos de quienes persiguen fines particulares, nocivos e injustos. Es significativo que en asuntos relativos al aborto no se tenga en cuenta a los padres, es decir, a los varones, como si el hecho de concebir fuera propio y exclusivo de la mujer desplazando al ostracismo a aquellos que no les permiten libremente opinar, ¡qué error! y ¡qué horror!
Por tales motivos, desearía que la Sra. Ibeas, perteneciente a la formación política de CHA, y cuantas/os opinen como ella repasen y se documenten empapándose de las sentencias del Tribunal Constitucional que van en sintonía con la vida, con una sociedad de con-vivientes y no de muertos, así como la novísima sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo a favor de la vida humana embrionaria, para que después, tras revisar su progresismo apostólico, puedan hablar de legitimidad a la hora de legislar.
Una sociedad debilitada y apagada siempre será aquella que no procure por los más indefensos, por los inocentes, pues, al parecer, el perfil ideológico de la Sra. Ibeas se ampara en la mediocridad materialista, reduccionista y cosificadora de la vida en vez de primar la dignidad de las personas, un craso error que puede llevar aparejada la decisión cívica de que su partido político, algún día, desaparezca.
El fundamentalismo discriminatorio como lo es el de CHA hunde sus raíces en el dominio y superioridad de la madre sobre el hijo, como si de un esclavo se tratase al que no se le permite opinar acerca del destino de su propia vida. Además, si personas como la mencionada diputada autonómica han llegado a la política activa, o al igual que Rodríguez Zapatero ha ostentado la presidencia del Gobierno central por dos veces consecutivas, ¿por qué privar la vida a los concebidos pero no nacidos que padezcan malformaciones si estos pueden llegar a liderar en un futuro una formación política, o regir una Administración Pública, o quizá a presidir el Gobierno nacional?
El antiquísimo juramento hipocrático datado en el siglo V a. C., el cual nos ha llegado hasta hoy fundamentado por la deontología médica, dice así: “Juro por Apolo, médico, por Esculapio, Higía y Panacea y pongo por testigos a todos los dioses y diosas (...) No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante; me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos (...) ”, lo que demuestra que en la antigüedad, independientemente de la creencias religiosas, terreno al que nos suelen llevar los argumentarios demagógicos de personas como la Sra. Ibeas, ya se protegía la vida del feto humano y se le daba la preeminencia que se merece. Que no vengan ahora politiquillos banales a darnos clases de lo que se debe o no debe hacer, de lo que está bien o mal, de lo que es permisible o no, pues para ello deben tener en primer lugar una conciencia recta y, después, arrogarse una adecuada formación ética y moral que la acredite. Es responsabilidad irrenunciable de los Poderes Públicos preservar la vida humana y promocionar la maternidad, pues con ello se estructura una comprometida sociedad.
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