La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a penas de prisión a siete de los nueve acusados que se sentaron en el banquillo por el caso La Muela. Las mayores penas recaen sobre la exalcaldesa de esta localidad zaragozana, María Victoria Pinilla, que ha sido condenada a más de 16 años de prisión, y multas económicas que suman más de 8,4 millones de euros. Tampoco podrá ejercer ningún cargo o empleo público de por vida (56 años de condena), ni optar a subvenciones, ayudas públicas o beneficios fiscales durante los próximos trece años.
Pinilla ya fue juzgada por este caso en 2016, pero el Tribunal Supremo ordenó repetirlo al considerar que se vulneró su derecho de defensa al no aceptar el tribunal de la Audiencia Provincial de Zaragoza que la juzgó, la renuncia de su abogado a representarla.
Pinilla tan solo ha sido absuelta de uno de los doce delitos de los que se le acusaba, el de tráfico de influencias. En cuanto a los otros once restantes, diez de ellos como autora (continuado de cohecho, continuado de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, prevaricación, fraude a la Administración, delito continuado de fraude a la Administración, tráfico de influencias, continuado de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones, y continuado de malversación de caudales públicos) y uno, contra la Hacienda Pública, como cooperadora necesaria.
También ha sido condenado el empresario Antonio Fando a seis años y siete meses de prisión por delito continuado de cohecho, malversación de caudales públicos y delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un delito de fraude de subvenciones.
El también empresario Julián de Miguel, a dos años y un día de prisión por un delito continuado de fraude a la administración. En el caso de este acusado los magistrados no aminoran la condena en un grado argumentando que era el encargado de gestionar el suelo público y participó, -según expresan- “al 100% en la corrupción urbanística, por lo que la gravedad de su actividad no merece el beneficio aludido”.
La misma pena de cárcel recae sobre el empresario Juan Ignacio Unsain por un delito continuado de fraude a la Administración. Tampoco en el caso de Unsain consideran los magistrados el beneficio de aminorar la pena al ser “el favorecido por la trama defraudadora”.
A los hijos de De Miguel, Julio y Miguel, el tribunal les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y la analógica de reparación del daño al haber consignado (en el anterior juicio oral) 100.000 euros cada uno para el pago de posibles responsabilidades civiles. Así, cada uno de ellos ha sido condenado a seis meses de prisión y multa de 175.000 euros.
Por último, el exconcejal Fernando Barba ha sido condenado por un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad documental por imprudencia a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y 1.440 euros de multa. Así, ha quedado absuelto del delito de fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos.
Las dos personas que han sido absueltas de todos los cargos son Francisco Aramburu y Alberto Lozano por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, respectivamente.
