La pugna judicial del “caso Sijena” sigue activa justo cuando está punto de cumplirse el segundo aniversario de la polémica devolución de los 44 bienes a su Real Monasterio. Esta misma semana, el Ayuntamiento de la localidad ha presentado el escrito de acusación contra los dos ex consejeros de cultura de la Generalitat de Cataluña Santi Vila y Lluis Puig, para quienes ha solicitado “por desobediencia” penas de prisión y multas que computan un total de 165.000 euros. Entiende en su recurso el consistorio que ambos presentaron “resistencia” y trataron de “obstaculizar” el proceso de devolución de las piezas del tesoro artístico, que finalmente pudo “in extremis” llevarse a cabo por la contundencia judicial.
Para el Ayuntamiento, procede imponerle a Vila por delito de desobediencia una pena de once meses de multa a razón de 300 euros diarios (total 99.000 euros) con la responsabilidad personal prevista en el artículo 53 CP en caso de insolvencia o impago e inhabilitación especial para empleo o cargo público (nacional y europeo) por un periodo de dos años. Asimismo contempla para Vila otro delito de usurpación de atribuciones judiciales, para lo cual pide una pena de once meses de prisión y multa de otros siete a razón de 300 euros diarios (total 63.000 euros) con la responsabilidad personal prevista en caso de insolvencia o impago y suspensión para empleo o cargo público (nacional y europeo) por un período de dos años y nueve meses.
También por desobediencia requiere para Puig una pena de once meses de multa a razón de 200 euros diarios (total 66.000 euros). Además, considera en el escrito que ambos consejeros deberían hacerse cargo “de forma solidaría” del pago de los gastos producidos al Gobierno de Aragón a la hora de “rescatar, embalar y transportar” los bienes.
En su escrito, el Ayuntamiento argumenta que la desobediencia del conseller Santi Vila fue “intensa y agravada”, pues, entiende que “no fue solo pasiva” (dejando de atender y cumplir los mandatos judiciales,), sino que también fue “preponderantemente activa”, intentando “obstaculizar y poner trabas al cumplimiento de la sentencia del juzgado mediante el dictado de una resolución administrativa que denegaba el cumplimiento de la sentencia”. Algo que para el consistorio no hizo sino “usurpar así las exclusivas atribuciones al Juzgado nº 1 de Huesca en orden al cumplimiento de la sentencia que dictó, para lo cual ideó Vila auto-dictarse esta resolución de 18 de abril de 2017 para auto-eximirse de entregar las 44 piezas del tesoro artístico del Monasterio de Sijena”, que se encontraban en el Museo de Lérida.
La orden judicial al final “tuvo que cumplirse de forma forzosa el propio Juzgado con el auxilio de la Guarcia Civil el 12 de diciembre de 2017”, matiza. Además, prueba el consistorio que “el Consorcio del Museo de Lérida intentó a la desesperada que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña paralizase esta entrega in extremis, petición que fue rechazada contundentemente por dicho tribunal catalán, reconociendo la plena autoridad del Juzgado nº 1 de Huesca para ordenar dónde debían ir las piezas del tesoro artístico del Real Monasterio de Sijena en cumplimiento de su sentencia”.
