Cada día estoy más convencido de que no es buen camino en la batalla contra el coronavirus la imposición de recortes injustos a las libertades ciudadanas, porque yugulan la responsabilidad. Entre éstas, ocupa lugar preferente la religiosa, que no se limita al respeto de las convicciones personales. No parecen entenderlo así los gobernantes que limitan la permanencia de personas en lugares de culto mediante la fijación de un límite de aforo: obviamente, el riesgo de transmisión no depende de un mero criterio cuantitativo, sino de otras circunstancias, aunque el legislador intente curarse en salud con una cautela superflua: “dicha limitación no podrá afectar en ningún caso al ejercicio privado e individual de la libertad religiosa”.
En la lucha contra la pandemia, un país de veras democrático no debe limitar el ejercicio de la libertad de culto en contra de las autoridades religiosas; con mayor motivo cuando -especialmente en el caso de la jerarquía católica, que secunda las indicaciones siguiendo el ejemplo del papa Francisco- muestran su plena disposición a colaborar en el cumplimiento de las normas de prudencia establecidas.
A la vista de lo sucedido en Francia en los días passados, no se sabe ya quién tiene más miedo en estos momentos: si los ciudadanos, dispuestos a renuncias impensables por temor al contagio, o las autoridades civiles, aterradas ante las cotas de impopularidad reflejadas en los sondeos demoscópicos.
Jaume Catalán Díaz