La enseñanza en España tiene notables deficiencias, como destacan todo tipo de organismos y datos académicos. La concertada obtiene mejores resultados y, por ese motivo y porque los padres están en su derecho de que se eduque a sus hijos según estiman oportuno, hay un notable arraigo de este tipo de enseñanza. Y puesto que la enseñanza es un servicio público, que se financia con nuestros impuestos, los centros concertados tienen derecho a recibir fondos públicos, cumpliendo los requisitos legales básicos.
Si esto es tan evidente, llama la atención que escuchemos o leamos el argumento, a raíz de la polémica ‘ley Celaá’, de que quien quiera ir a un centro escolar privado, que se lo pague él, es decir que pague con sus impuestos los puestos escolares públicos y la enseñanza que él desea: nada de concertar la enseñanza.
Tan servicio público presta un centro concertado como uno estatal o autonómico. Sin embargo, los enemigos de la libertad y los que quieren imponer unas ideas desde la infancia esgrimen falsos argumentos para descalificar, orillar y castigar a la enseñanza concertada.
Se pueden contratar los servicios de agua o de basuras en una ciudad con una empresa privada, en vez de ser gestionados por el ayuntamiento, pero ahí los dictadores no tienen mayor interés, puesto que no están en juego las ideas o los valores al distribuir agua o recoger la basura.
Y así llegamos a la conclusión, que es clara, aunque voceros de todo tipo se empeñen en decirnos lo contrario: dictadores envueltos de apariencia democrática por haber salido elegidos en las urnas quieren imponer sus ideas a través del servicio público que es la enseñanza.
Ni siquiera admiten como argumento para respetar la enseñanza concertada que un puesto en la concertada cuesta a las arcas públicas la mitad que uno en la pública, como si nos sobrara el dinero.
Pedro García