El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo a las comunidades y ciudades autónomas de la nueva distribución que se aplicará para el reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones que ofreció semanas atrás a los Ejecutivos regionales para afrontar la situación por el Covid-19.
El nuevo reparto ha recibido la contestación por parte de presidentes autonómicos, que han pedido desde más cantidad a libertad en el destino final del dinero recibido.
En su intervención inicial en la decimotercera reunión de la Conferencia de Presidentes, Sánchez ha comentado que la nueva distribución sería de 9.000 millones para cuestiones del gasto sanitario, 2.000 para educación y 5.000 para potenciar la recuperación económica ante la caída de ingresos, según varias fuentes consultadas por Servimedia presentes en la reunión telemática.
En concreto, el reparto de los 6.000 millones se hará en julio en función de gastos sanitarios criterios representativos; el segundo tramo de 3.000 millones en noviembre en atención también a esos gastos sanitarios criterios representativos; un tercer monto de 2.000 millones en septiembre para gastos educativos; y un cuarto y último reparto de 5.000 millones en diciembre para recuperación económica y bajo criterios de régimen común.
El presidente ha remarcado que se trata de transferencias directas, no de préstamos y que, por tanto, se reparten sin condicionalidad; así como que este fondo vinculado al Covid supone un esfuerzo “extraordinario por ser la mayor transferencia” de recursos a las comunidades al margen de la financiación autonómica. “Esto hay que ponerlo en valor porque la situación financiera del Estado es la que es y encontrar recursos económicos tiene su dificultad”, ha subrayado Sánchez.
Quejas de las autonomías
Se trata de una nueva distribución a la conocida hasta ahora, porque en reuniones anteriores, Sánchez detalló que los cuatro tramos del fondo serían de la siguiente forma: el primero, de hasta 6.000 millones de euros a pagar en este mes de julio en base al gasto sanitario; el segundo, de hasta 4.000 millones de euros también con el mismo criterio pero que se iba a pagar en noviembre.
Un tercer tramo, explicó en su día, sería de hasta 1.000 millones de euros a pagar en noviembre en base a criterios representativos de gasto social; mientras que el cuarto y último, de hasta 5.000 millones, iba a ser en función de criterios relacionados por la disminución de la actividad económica.
En la reunión de este domingo, Sánchez ha afirmado que los cambios son fruto de las conversaciones con las comunidades autónomas, así como con los grupos parlamentarios, ya que este reparto se hará mediante un real decreto-ley que debe ser convalidado.
Pese a subrayar que las autonomías van a recibir 7.907 millones más que el año anterior y que, sumado al fondo extraordinario de principio de la pandemia el Gobierno ha facilitado 24.500 millones de euros, Sánchez no se libró de la contestación de los presidentes.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha protestado por el nuevo reparto, al considerar que sale perjudicado, y se ha quejado de que no tiene recursos económicos para atender las necesidades surgidas de la pandemia. Torra ha reclamado los fondos que lleguen de la Unión Europea y que el déficit pase del 0 al 1%, así como que se permita liberar el superávit de las entidades locales, para que haya el fondo suficiente para no ahogar a Cataluña.
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido rebajar el IVA del turismo y dar libertad a las comunidades autónomas para decidir el destino de los recursos que les lleguen del fondo no reembolsable.
Nueva normalidad
En su intervención, Sánchez ha repasado las últimas normas aprobadas, como la orden de Sanidad que regula la reapertura del ocio nocturno con restricciones o la celebración de festejos taurinos en las últimas fases del estado de alarma.
También se ha referido al real decreto que prepara el Gobierno para regular la llamada “nueva normalidad”, en el que, según el borrador al que tuvo acceso Servimedia, se prevé exigir a las empresas que adapten la organización de los puestos de trabajo y de los turnos, de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de entre 1,5 y 2 metros entre los trabajadores cuando deje de estar en vigor el estado de alarma.
Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad, la empresa deberá proporcionar a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. También se deberán aplicar medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.
