Tercera condena al Salud por no proporcionar EPI adecuados a los sanitarios

En dos meses transcurridos desde el final del estado de alarma han aumentado un 38,8% los contagios
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Un juzgado de Zaragoza ha condenado al Gobierno de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud (SAS) y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) a proporcionar EPI adecuados a los empleados públicos sanitarios que prestan servicios en centros de trabajo ubicados en la provincia, además de reponerlos cuando sea necesario. Es la tercera condena que las administraciones aragonesas reciben por esta infracción, después de que magistrados de Huesca y Teruel hayan emitido sentencias en la misma línea.

Así, considera el juez que el Ejecutivo autonómico ha incurrido en una infracción en materia de prevención de riesgos laborales, y ha vulnerado “de forma innegable” el derecho a la integridad física del personal sanitario. Por ello, obliga a entregar “equipos de protección individual adecuados por los riesgos de exposición ante el agente biológico virus SARS-CoV-2 y el riesgo de contagio o infección desarrollando la enfermedad Covid-19 y reponerlos cuando sea necesario, en cumplimiento estricto de la legislación de prevención de riesgos laborales”.

En esta nueva sentencia la magistrada, titular del juzgado de lo Social nº1 de Zaragoza, ha estimado la demanda presentada por el sindicato de sanitarios Fasamed contra las tres administraciones y rechaza las alegaciones de “fuerza mayor” realizadas por las demandadas para justificar que no les sea exigible el cumplimiento de sus obligaciones, en materia de prevención.

Expresa la magistrada que la conducta “omisiva” de las administraciones, por “falta de acopio o almacenaje e insuficiente aportación de EPI para su personal”, ha supuesto “un riesgo inminente de que la lesión pudiera producirse, generando ese peligro grave y cierto para la salud, que la doctrina constitucional exige para entender vulnerado el derecho fundamental la vida y la integridad física”, dicta la sentencia, recordando que un médico de Atención Primaria del Centro de Salud de San Pablo falleció por Covid-19.

Contra esta sentencia cabe presentar recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Aragón, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente resolución.