La Operación Oikos cumple cuatro años en busca de respuestas

En pocos días, vence la prórroga del caso dictada en enero por la nueva jueza. Foto: Laura Trives
photo_camera En pocos días, vence la prórroga del caso dictada en enero por la nueva jueza. Foto: Laura Trives

Puso contra las cuerdas a la Sociedad Deportiva Huesca cuando estaba en la cresta de la ola, dejó a su expresidente, Agustín Lasaosa, como un símbolo bajo sospecha, y representa un antes y un después en la lucha contra los amaños en el fútbol español. La Operación Oikos cumple este 28 de mayo cuatro años, todavía con el proceso judicial abierto y en busca de respuestas definitivas que puedan significar penas o, como reclaman las defensas de los acusados, el sobreseimiento de las causas.

Porque, critican todos ellos, la instrucción ha dado bandazos. Comenzó como una trama de apuestas en 2018, cuando el Huesca ya ascendido habría amañado su derrota contra el Nàstic de Tarragona el 27 de mayo. Continuó como un supuesto pago de primas a terceros al Reus para ganar al Real Valladolid y que los oscenses pudieran jugar el playoff de ascenso a Primera División en 2017, y en última instancia ha derivado en la investigación de una serie de sobrecostes en las obras de El Alcoraz por las que, con la colaboración de “terceros prestamistas y sociedades vinculadas al club”, se habría blanqueado el dinero de dichas primas.

Eso sí, ninguna de las tres versiones se ha desechado, y conviene no olvidar, si uno no quiere perderse, otras de las líneas o hechos que han orbitado alrededor: el robo de la taquilla del Huesca – Getafe de las semifinales de playoff de ascenso y su relación con el caso o incluso una pieza separada (y desechada) en la que se acusaba a Petón de intentar obtener un trato de favor del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, para la construcción de un campo.

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Huesca se hizo cargo del caso

Cuatro vueltas al sol desde entonces, ¿y en qué punto está todo? El pasado mes de enero, la nueva jueza prorrogó la instrucción. Desde su llegada a Huesca sustituyendo a Ángel de Pedro, se ha encargado de sobreseer la causa del que fuera jefe de los servicios médicos azulgranas, Juan Carlos Galindo, a quien el sumario señalaba como cómplice de Lasaosa en la trama de apuestas, y a la totalidad de la plantilla del Reus. A finales de octubre, además, archivó la pieza separada contra el club por delitos tributarios debido a sus transacciones con las empresas Mascun y Pryobras, encargadas de la reforma del estadio.

SOBRESEIMIENTO DE LASAOSA

Se descartaba así la existencia de una contabilidad paralela, basada en una serie de anotaciones halladas en las antiguas oficias del club y en la acusación de no haber justificado facturas por valor de 240.000 euros ante la Agencia Tributaria. Los acusados han movido ficha. Prueba de ello es la petición de sobreseimiento para Agustín Lasaosa por parte de su abogado, José María Fuster Fabra, en un extenso escrito al que ha tenido acceso ARAGÓN PRESS.

Desgrana lo que considera errores de fondo y forma en el caso y se remite, como precedente, a la sentencia del Tribunal Supremo de este mismo año sobre el Caso Osasuna de 2014, al declarar que las primas a terceros por ganar no están tipificadas dentro de la Ley del Deporte, que sí grava por la vía penal el dejarse perder. Entonces, la directiva del club navarro prometió 650.000 euros a la plantilla del Real Betis para derrotar al Valladolid en la jornada 37 de Primera División y condicionar un resultado favorable en la lucha por la permanencia en la categoría.

Así, la defensa del antiguo mandatario azulgrana alega en primer lugar que la instrucción se ha convertido en una “fishing expedition”: “A ver qué se pesca”. En este sentido, critican que inicialmente se tomara el rumbo de las apuestas ilegales, después se pasara a la hipótesis de las primas al club catalán y ahora las irregularidades en las facturas. “Que me digan en qué obras de este tipo no ha habido discrepancias en cuanto a precios o valores”, declara Fuster Fabra a este diario.

Otra de las quejas gira en torno a la supuesta nulidad de pleno derecho del primer registro de las antiguas oficinas del club el día del estallido de la Oikos, porque el juzgado lo fechó el 29 de mayo de 2019 en lugar del 28. Entre los documentos obtenidos en ese despliegue, una hoja manuscrita detalla, según la Policía, los prestamistas del dinero de las primas, las cantidades aportadas por cada implicado (250.000 euros), las rentabilidades (335.000) y los plazos de devolución. A este último punto se agarra la defensa de Lasaosa, porque el partido contra el Reus tuvo lugar el 10 de octubre de 2017 y el dinero se debería haber devuelto los días 15 de agosto, 31 de julio y 20 de junio, según el sumario.

FALTA DE CONTENIDO “INEQUÍVOCAMENTE INCRIMINATORIO”

La petición al Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca hace referencia, del mismo modo, a las conversaciones telefónicas y mensajes de whatsapp entre el exjugador azulgrana Íñigo López y su entonces presidente. Ambos hablan sobre entregar “libros y camisetas” a los jugadores del Reus, lo que la Policía entiende por dinero en metálico. El abogado alega, respecto este lenguaje, que no hay conversaciones de contenido “inequívocamente incriminatorio” y que por eso mismo se absolvió al exjugador del Real Valladolid, Borja Fernández, que entró en la espiral judicial por sus contactos con Raúl Bravo.

Manolo Torres asumió entonces el cargo de consejero delegado, tras la dimisión de Lasaosa, todavía imputado

Pero no todo gira en torno a Lasaosa, cuyo sobreseimiento podría venir acompañado de un regreso a la directiva del Huesca, club que además continúa acusado como persona jurídica. El abogado de Pyobras y su propietario Jesús Sanagustín, Ricardo Orús, también ha solicitado el archivo de la causa que atañe a su cliente. “Si se ha demostrado que el pago de las primas no era cierto, no sé qué pinta la justicia, ni la fiscalía. Estamos hablando de dos facturas que alcanzan 15.000 euros, que comparado con la ejecución total (de la obra del estadio) es una ridiculez”, declara a este medio.

Después de cuatro años, además, no cree que el carpetazo pueda llegar pronto. Y es que a los tiempos de la propia instrucción se suma la huelga de los funcionarios de Justicia e incluso, más recientemente, la falta de peritos en el caso al estar en desacuerdo con sus salarios. Orús, aunque seguro de que la trama ya “no tiene recorrido”, recalca los perjuicios “económicos y morales” a su cliente. “Esto no puede ser investigado de oficio”, lamenta. Miles de páginas de sumario después, y otras tantas de testimonios, solo hay una cosa clara: la prórroga de seis meses dictada en enero vence en unos pocos días.