A las puertas de una nueva campaña agrícola, hay muchas zonas en las que se están encadenando las podas con los aclareos en flor de muchas variedades, y “ya se empieza a notar la falta de trabajadores temporales” para estas tareas. Una situación que está generando preocupación entre los agricultores.
En ese sentido, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, alerta que Comarcas como Bajo Cinca, Litera o Valdejalón, ante la inminente creación de cientos de puestos de trabajo, ven como su campaña “puede verse comprometida por la falta de la mano de obra”.
A día de hoy, tal y como está la situación en el campo, se augura una “buena” cosecha, pero todavía falta tiempo para ver si la producción va a ser completa o se verá mermada por incidencias climatológicas.
Además del tiempo meteorológico, el sector de la fruta también está a la espera de que los mayoristas empiecen a cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece que el cobro de un producto perecedero, como es la fruta, debe ser a los 30 días de su entrega. Sobre este asunto, UAGA denuncia que la mayoría de los fruticultores entregan su producto en el almacén y no saben su precio de venta hasta unos meses después.
Después de cinco campañas “sufriendo las consecuencias” del veto ruso, con unas cotizaciones “bajas o muy bajas”, provocando la reducción de los ingresos de los agricultores e incluso el abandono de explotaciones, la situación actual es, según UAGA, “muy complicada”. A ello hay que sumar el incremento constante de los costes de producción, el estancamiento del consumo (el último informe de la Comisión Europea prevé que el consumo del melocotón y la nectarina en Europa caiga un 0,4% anual, en beneficio de otras frutas como los frutos rojos), el colapso del mercado europeo y la escasez de uso y poca efectividad de las medidas de regulación de mercado.
Por ello, desde UAGA instan al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Agricultura a adoptar una serie de medidas: Crear un Registro de plantaciones por el que no se podrá aumentar la superficie plantada (la referencia: datos PAC 2017), de la misma manera, no se podrán utilizar fondos operativos de las OPFH’s para nuevas plantaciones aunque sí para reconversión varietal; Un plan de prejubilaciones para agricultores (ATP) entre 60-62 años ligados al arranque de las hectáreas de frutales y cese de la actividad, conservando el 100% de las prestaciones; la Intensificación de las actuaciones para evitar la especulación en la cadena alimentaria, con aumento de los controles específicos de AICA, esto incluye inspección y control de la calidad y el etiquetado en los puntos de venta, intensificación de las inspecciones y controles en frontera de las importaciones de fruta y productos transformados de países terceros (requerimientos de calidad y seguridad alimentaria exigibles a los productos de importación de países terceros tal y como cumplen los productos europeos) y preservación de la cadena de frío hasta que el producto llegue al consumidor y que se produzca en perfectas condiciones, disminuyendo las mermas que acaban siendo asumidas por el productor; Recuperación del máximo porcentaje de subvención de ENESA a la hora de contratar el seguro de la fruta, adelanto del pago de la subvención al seguro de frutales de este año y para años futuros y abono de la subvención al mismo tiempo que se formaliza la póliza; finalmente, defensa del modelo de producción basado en una fruticultura con fruticultores, en una agricultura familiar de agricultores profesionales, los apoyos públicos han de dirigirse únicamente a los ATP y explotaciones prioritarias, es decir, a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales agrarias, evitando que caigan en manos de grandes empresas y agentes comerciales, como por ejemplo, aplicación de una modulación de la subvención del seguro agrario, en la que la ayuda vaya disminuyendo conforme se aumentan las hectáreas.