Aragón arranca los trabajos para elaborar y aprobar en esta legislatura la Ley de Economía Social

La vocación tanto del Ejecutivo como de las entidades es plantear las mejoras posibles dentro de un grupo estable
photo_camera La vocación tanto del Ejecutivo como de las entidades es plantear las mejoras posibles dentro de un grupo estable

El Gobierno de Aragón y las entidades de Economía Social de la Comunidad han comenzado los trabajos para elaborar en esta legislatura una Ley que regule la actividad del sector. Ha sido la primera reunión del Grupo de Trabajo de Economía Social, creado para dar un impulso coordinado a todas las oportunidades que es capaz de generar, sobre todo, en el mundo rural.

Esta ley se basará en el texto ya elaborado la pasada legislatura, pero que no pudo llegarse a tramitar en las Cortes. Ahora, tal y como ha destacado la consejera de Economía, Marta Gastón, será el punto de partida para lanzar “el mejor texto posible, consensuado y trabajado con el sector”. “Nos va a permitir que tenga vocación de perdurabilidad en la Comunidad”, ha señalado.

De forma paralela, este Grupo de Trabajo de Economía Social pretende elaborar una estrategia para impulsar el sector y reconocer lo que comprenden estas entidades. “Queremos que, dentro del desarrollo socioeconómico de Aragón, se tengan presentes y podamos ayudarlas. Tenemos una enorme oportunidad de desplegar esta tipología y dar respuesta a muchas necesidades del mundo rural”, ha expuesto.

Para conseguirlo, la vocación tanto del Ejecutivo como de las entidades es plantear las mejoras posibles dentro de un grupo estable, “dentro del acompañamiento presupuestario que se precise”. “Debe ser el ámbito de la Economía Social quien nos lo traslade, y no en exclusiva de la Administración autonómica. Queremos ponerla en el lugar que le corresponde, desde las cooperativas agrarias hasta los centros especiales de empleo, las fundaciones y asociaciones que agrupa”, ha resaltado Gastón.

En esta línea, la vicepresidente de Cepes Aragón, Marisa Esteve, confía en poder desarrollar muchos proyectos conjuntos dentro de un sector que representa un 12% del PIB y da trabajo a casi 23.000 personas. “No es el valor económico que generan, sino el desarrollo social que le acompaña cuando estas entidades se sitúan en el territorio, y en eso tenemos que hacer hincapié”, ha señalado.