La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) quiere hacer llegar a Europa las malas prácticas de las empresas buzón y las falsas cooperativas de trabajo asociado. Estas malas praxis, que afectan a miles de trabajadores y suponen un grave perjuicio económico para muchas familias, además, merman la imagen de la profesión; por lo que demanda que todos los autónomos del transporte, sean cooperativistas o no, tengan la capacitación profesional.
Por este motivo, Tradime Aragón ha mantenido este lunes un encuentro en el Pignatelli con el director general de Transportes, Gregorio Briz, y la eurodiputada socialista Isabel García para llevar este debate a Europa y, de esta forma, acabar con el uso fraudulento que se hace de las cooperativas de trabajo asociado para contratar a falsos autónomos y esquivar las exigencias legales. Tras el encuentro, el presidente de Tradime, José Antonio Moliner, ha agradecido “la buena predisposición tanto del director general como de la eurodiputada para escuchar sus peticiones”.
La asociación aragonesa ha querido hacer especial hincapié en la capacitación profesional de los autónomos. Cuando entró en vigor en febrero del año pasado el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), en el que se exige el título de Bachillerato o de Formación Profesional para obtener el Certificado de Competencia Profesional (título de transportista) que es el que permite ser titular de una empresa de transporte, la asociación ya lamentó que esta normativa no pusiera freno a este tipo de competencia desleal. Tradime recurrió entonces ante el Tribunal Supremo algunas de las exigencias formativas que pide la nueva normativa para obtener este Certificado.
El Ejecutivo, en noviembre de 2019, y atendiendo a un denunciante de Tradime, inspeccionó un total de 40 furgonetas que trabajaban para una empresa y se interpusieron ocho denuncias, cuatro de ellas por carecer de autorización de transportes. De esta acción se sacó a la luz que algunos de los vehículos inspeccionados habían solicitado la reforma autorizada del peso máximo autorizado, para que fuese inferior a 2 toneladas y, así, evitar la necesidad de contar con autorización de transporte.
En este sentido, el presidente de Tradime ha subrayado que “es un tema que preocupa al sector y que será necesario trasladar a la Comisión Europea”. Los transportistas son conscientes de que “es necesaria una regulación para evitar la competencia desleal en el sector”, ha indicado el presidente de Tradime.
Tradime Aragón inició esta campaña contra la competencia desleal o dumping social en el sector transportista en 2017. Este delito económico se caracteriza por ofrecer productos o servicios más baratos que la competencia gracias a una mano de obra a precio de explotación, con condiciones laborales abusivas y bajos salarios.
Tal y como ha señalado Moliner, “se trata de un fenómeno muy extendido en España que se basa en la deslocalización de grandes empresas de transporte hacia países de la Unión Europea (Rumanía y Bulgaria, especialmente) donde los costes de la actividad son mucho más inferiores”. De esta manera, consiguen ahorrar en impuestos y en gastos laborales, ya que las legislaciones laborales y sociales de esos países son mucho menos protectoras con el trabajador y más ventajosas para las empresas que las leyes españolas.
