La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Aragón (UPTA) ha insistido este miércoles en la necesidad de una inyección de liquidez directa para garantizar la supervivencia de sus negocios. Una ayuda denominada como “bonos vacuna” cuyo secretario general, Álvaro Bajén, ha detallado en una propuesta técnica que establece un máximo de 950 euros mensuales para aquellos que se hayan visto obligados a cesar su actividad, así como hasta 1.500 euros para quienes mantienen sus negocios pero han sufrido una pérdida de ingresos del 50% y no perciban el cese de actividad.
En concreto, la primera prestación está dirigida a los autónomos que hayan visto disminuida su actividad a cero o que puedan demostrar una caída del 75% en sus ingresos y ya perciban el cese de actividad. Estas ayudas se cobrarían desde que empiecen a cumplir estas condiciones y un mes después tras el levantamiento del estado de alarma.
“Somos los primeros que podríamos sucumbir y los últimos que podríamos salir de esta crisis”, ha lamentado Bajén, quien ha señalado su “escaso” margen de maniobra tras la pandemia debido a la baja liquidez con la que contarán en el futuro. “Nuestro objetivo es mantener nuestro trabajo y trabajadores al salir de la crisis económica”, ha incidido. Una actividad que considera clave para sustentar la economía, ya que “necesitamos el empleo de autónomos y trabajadores para que puedan volver a consumir”.
En este sentido, el secretario general de UPTA Aragón ha aclarado que “no todo el mundo tendría derecho” a las prestaciones que propone, ya que al margen de estas condiciones, ha especificado una serie de requisitos. “Deben estar de alta antes de hacer la solicitud o en suspensión de la misma en Hacienda y en Seguridad Social”, ha explicado Bajén.
Los autónomos también deberán demostrar que la actividad afectada por el cese de actividad no se ha visto compensada por un incremento de la facturación gracias al negocio online o telefónico, así como la alta en el domicilio fiscal y la justificación de cualquier subvención concedida con anterioridad.
Asimismo, deberían haber obtenido una Base Liquidable General sometida a gravamen inferiores en 30.000 euros por sujeto pasivo en la declaración del IRPF de 2018. Sin embargo, se podrá incrementar ese mínimo en 6.000 euros por cada persona dependiente del mismo.
Los beneficiarios en Aragón, tal y como ha apuntado Bajén, serían los considerados por el artículo 2.2 de la Ley 7/2019 del 29 de marzo, que contempla a “autónomos y profesionales tanto en renta como en las mutualidades”. Unos candidatos que deberán mantener la actividad empresarial durante 12 meses, como mínimo, a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de concesión del bono.
También se verán obligados a mantener como mínimo de un 50% de la plantilla declarada en el informe de la vida laboral de la empresa y someterse a la comprobación y control financiero de su actividad. En caso de falsear las condiciones de la empresa o cualquier otra incidencia, deberían proceder al reintegro de los fondos percibidos, tal y como marca la Ley General de Subvenciones.
El secretario general de UPTA Aragón ha celebrado la iniciativa del Ayuntamiento de Huesca, que este jueves destinó un millón de euros en ayudas para autónomos y pequeñas empresas. No obstante, y a pesar de reconocer estar en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, ha insistido en que estas ayudas deben realizarse de forma conjunta entre ayuntamientos, Comunidades Autónomas, el Gobierno de España y la Unión Europea.
“Fuera egoísmos políticos, vamos a ir todos a una”, ha sentenciado Bajén, que no ha aclarado cómo debería ser el reparto de la ayuda entre dichas administraciones.