Trabajo tratará de evitar que ninguno de los más de 15.500 ERTE tramitados en Aragón acabe en ERE

De la Puente ha reconocido que la llegada de ERTE en marzo fue un escenario "muy difícil de abordar"
photo_camera De la Puente ha reconocido que la llegada de ERTE en marzo fue un escenario "muy difícil de abordar"

La economía, en todas sus vertientes, afronta una etapa delicada. La incertidumbre se apodera de empresas y trabajadores, ante la inseguridad que el propio horizonte laboral y económico genera. Sobre todas estas cuestiones se han pronunciado los grupos parlamentarios aragoneses en la que ha sido la primera Comisión de Economía presencial tras la declaración del estado de alarma. En ella, se han analizado las medidas implementadas desde el departamento y la dirección general del trabajo, haciendo especial hincapié en la modalidad de Ertes y todas sus consecuencias. Precisamente, uno de los objetivos clave de ahora en adelante será, en la medida de lo posible, “sujetar el empleo”, evitando que ninguno de los 15.546 Ertes tramitados en todo este tiempo desemboque en ERE.

La directora general de Trabajo, María Soledad de la Puente, ha explicado que los servicios informáticos establecieron desde el principio unos canales telemáticos específicos para expedientes Covid-19, al mismo tiempo en que se habilitaron una serie de herramientas e instrumentos digitales para consultas públicas. Todo ello, con el objetivo de abordar de la manera más ágil posible la “abrumadora cantidad” de solicitud de Ertes que recibió el servicio público.

Sin embargo, y ante la críticas al repunte del desempleo que el portavoz popular, Javier Campoy, ha vinculado a la gestión del Gobierno de Aragón, o ante las reprobaciones del portavoz de Ciudadanos, José Luis Saz, sobre la demora sufrida por los trabajadores en la aprobación de los Ertes o en el cobro de las prestaciones, la directora ha querido reconocer “que sí se han cometido errores”, aunque haciendo referencia a que la mayor parte de ellos se han derivado de la propia saturación del sistema, al haber tenido que encarar situaciones inéditas, que ni siquiera dejaron “las peores crisis”. Ha sido, ha dicho De la Puente, “muy difícil de abordar”, por ejemplo, la tramitación de más de 12.500 expedientes “solamente en marzo”.

En desglose, De la Puente ha especificado que de esos más de 15.450 expedientes tramitados (11.113 en Zaragoza, 2.840 a Huesca y 1.593 en Teruel), el 89% fueron por “fuerza mayor”. Un porcentaje que, por otro lado, ya se está viendo reducido, puesto que en mayo, de los 2144 expedientes registrados, tan solo el 23,98% se corresponden a fuerza mayor. Por sectores, en Agricultura representó el 0,32%, en Construcción el 7,10%, en Industria el 33,72% y en Servicios el 58,52%.

Del total de Ertes, ha revelado De la Puente que tan solo 56 han llegado a ser denegados. Según ha asegurado, la causología mayoritaria ha sido porque se venían solicitando expedientes para actividades de carácter esencial -y que no podían aplicarse-, o bien porque la empresa en cuestión planteaba para justificar el ERTE exenciones de contrato y no reducciones de jornada.

Sobre la labor inspección de trabajo han preguntado recurrentemente los portavoces parlamentarios de CHA o Izquierda Unida, Joaquín Palacín y Álvaro Sanz, quienes han querido saber qué tipo de protocolos van a implementarse para detectar posibles fraudes o, simplemente, para controlar que se cumplen la Ley de Seguridad Laboral, ahora que los trabajadores van, poco a poco, adaptándose a la normalidad presencial.

De la Puente ha asegurado que desde la Dirección General se están llevando a cabo “actuaciones múltiples” que simultáneamente irán “desgranándose en más líneas de acción”, para centrar el foco, entre otras, en el control integral de los Ertes, las bases de cotización comunicadas al Sepe o la opción de controlar también los permisos laborales retribuidos.

Preocupa también el complejo porvenir de pequeñas empresas y autónomos. La portavoz de Vox, Marta Fernández, ha reflexionado sobre el desplome del número de empresas en la Comunidad, donde ha calculado la pérdida de 1.800 compañías. La pérdida más drástica, ha expuesto, “de los últimos 15 años”. En esa línea, De la Puente ha vuelto a reiterar que otro de los objetivos prioritarios del departamento es seguir encontrando fórmulas y estrategias que ayuden a las empresas a ganar “liquidez”. Una liquidez que, de algún modo, querrá asimismo hacerse extensiva a la sociedad en su conjunto, una vez pueda retomarse la Ley de Economía Social de Aragón.