La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) valora que desde la Dirección General de Transporte se haya resuelto un procedimiento sancionador frente a una cooperativa de transportes en la Comunidad aragonesa cuyo funcionamiento no responde al régimen jurídico de aplicación a las cooperativas de transportes, a pesar de que se presenta como tal.
En el caso concreto, y tras una denuncia previa, se procedió por los servicios de inspección del transporte del Gobierno de Aragón a la investigación en la sede social de esta cooperativa para comprobar el cumplimiento de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). La resolución sancionadora, que ha sido recurrida por la sancionada, impone una multa acumulada que alcanza los 184.052 euros.
Tradime ya viene denunciando desde hace varios años esta forma de operar en el mercado y las consecuencias que el dumping social o competencia desleal están provocando en el sector del transporte. Por este motivo, en las sucesivas campañas que pone en marcha, persigue acabar con el uso fraudulento que se hace de las cooperativas de trabajo asociado para esquivar exigencias legales y enriquecerse a costa de los cooperativistas.
Para el presidente de Tradime, José Antonio Moliner, esta resolución “es algo que le hace mucha falta al transporte. Debemos erradicar todo este tipo de subterfugios para dar vuelta a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre que pone muy claro que para ser transportista se deben cumplir unos requisitos y estas cooperativas no lo cumplen. Nosotros, desde la Asociación, apoyamos unas cooperativas de transportistas; pero, por supuesto, cada uno con su titulación y con su capacitación”.
Asimismo, Moliner ha alabado el inmenso trabajo de su antecesor en el cargo, Santiago López-Montenegro, “sin su esfuerzo esto no se podría haber logrado”.
El presidente de Tradime ha sentenciado que “estas malas maneras han hecho muchísimo daño al transporte. Nosotros calculamos desde Tradime que habrá alrededor de 8.000 camiones haciendo estos trabajos, con lo cual la competencia y la distorsión del mercado es enorme”.
Desde la Asociación subrayan que, tal y como señala el director general de Transportes, Gregorio Briz, “es necesario garantizar que el servicio de transporte se preste ajustándose a la legislación para evitar la competencia desleal entre las empresas transportistas. Además, muchas de las infracciones que se detectan en transporte implican la pérdida de derechos laborales de quienes prestan los servicios, además de falta de protección para las empresas que sí cumplen con la normativa”.
La Asociación ya quiso llevar en febrero hasta Europa, a través de la eurodiputada socialista Isabel García, este debate para acabar con el uso fraudulento que se hace de las cooperativas de trabajo asociado para contratar a falsos autónomos y esquivar las exigencias legales, además de sacar a la luz una práctica que se produce de forma continuada solo en España.
