Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves la Ley de Economía Social de Aragón, una norma impulsada por el Gobierno de Aragón y diseñada en colaboración con el propio sector, que pretende fomentar, regular y visibilizar este tipo de economía. También dar respuesta a su creciente relevancia en nuestro territorio. Todo ello, reconociendo su importante aportación a la sociedad e impulsando su capacidad de generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible.
La aprobación de esta ley se enmarca dentro de la apuesta del Ejecutivo Autonómico por promover este sector y refuerza al Plan de Impulso lanzado este mismo verano con 70 acciones concretas hasta 2025, que también fueron definidas en un proceso participativo desarrollado en las tres provincias aragonesas junto al sector.
Según el último estudio de la Cátedra de Economía Social, este sector está compuesto en nuestra Comunidad por 5.218 organizaciones. A pesar de la pandemia, ha continuado creciendo, manteniendo la clara evolución positiva de los últimos años. De esta forma, las diversas entidades de economía social representan el 5,75% del total de las empresas aragonesas y emplea directamente a cerca de 20.496 personas.
LOS TRES PILARES DE LA LEY
La Ley de Economía Social se basa en tres aspectos claves. El primero de ellos es el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades sociales de Aragón en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa, con especial atención al educativo, al medio rural y al empleo, poniendo en valor este sector económico.
En segundo lugar, permite coordinar e instrumentar las políticas y medidas de apoyo, incluidas las económicas y las dirigidas a reducir progresivamente las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector. Unas políticas que, para lograr la máxima eficacia y eficiencia, se recogen en el Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social, puesto en marcha este verano.
Como tercer pilar, la norma apuesta por integrar el sector, hasta ahora disperso, impulsando la creación del Consejo Aragonés de la Economía Social. Esto permitirá aportar soluciones al panorama sociolaboral y estimular la dinamización del autoempleo y del emprendimiento enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas.
UNA NORMA NECESARIA
La economía social engloba distintas actividades económicas y empresariales desarrolladas por entidades que se caracterizan por el respeto a valores comunes. Su motor principal no es la rentabilidad financiera, sino los beneficios para toda la sociedad. La necesidad de elaborar una ley que dote de un marco normativo adecuado al sector ha quedado patente en los últimos años, ligada a la creciente importancia de entidades como las cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción o centro especiales de empleo en la creación de puestos de trabajo y en la resolución de problemas sociales.
Por ello, en la pasada legislatura ya se aprobó un proyecto de Ley de Economía Social de Aragón en noviembre de 2018, que fue remitido a las Cortes de Aragón. El proyecto de ley se hallaba en fase de tramitación parlamentaria cuando las Cortes de Aragón expiraron su mandato sin que finalmente se aprobara.
Tras todos los trámites necesarios y la elaboración de un nuevo anteproyecto de ley por un Grupo de Trabajo de Economía social, se aprobó el proyecto de Ley de Economía Social de Aragón en Consejo de Gobierno el 14 de julio de 2021. Posteriormente fue remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria, que ha concluido este jueves con la aprobación de la norma.
