En los próximos días se aprobará la convocatoria de incorporación de jóvenes y modernización relativa a 2022

El Gobierno de Aragón va a destinar 107 millones de euros para incorporación de jóvenes agricultores (unos 250 cada año) y modernización de explotaciones. Así lo recoge la programación y los compromisos que ha adoptado el Ejecutivo con el sector primario, lo que permitirá que los jóvenes que se incorporen al campo no tengan que recurrir al aval familiar como viene siendo habitual, así como obtener condiciones de financiación más favorables cuando el acceso a los créditos se está viendo dificultado y su coste está aumentando.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha clausurado la XVI Asamblea General de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), en la que ha salido elegido nuevamente José María Alcubierre como Secretario General de la organización, como candidato único, y donde se ha dedicado un recuerdo especial a la figura de José Luis Iranzo. Ahí ha alabado la labor de la organización y su implicación activa en la reforma de la PAC, con una apuesta decidida por la eliminación de los derechos históricos.

En los próximos días se aprobará la convocatoria de incorporación de jóvenes y modernización relativa a 2022 en la que su dotación, que ha superado los 35 millones de euros, ha permitido aprobar todas las solicitudes que cumplen los requisitos básicos. Asimismo, en las próximas semanas se publicará una convocatoria de incorporación de jóvenes dotada con 11 millones.

LEYES PARA EL SECTOR

Lambán ha recordado el compromiso de su ejecutivo también en materia de legislativa para beneficio del sector, una de las cuales, la ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón ya está en comisión parlamentaria. La ley de agricultura familiar (46 artículos y de sus disposiciones transitorias, derogatorias y finales) plantea un nuevo enfoque de las políticas públicas centrado en el apoyo al modelo familiar de agricultura como herramienta de vertebración del territorio. Pretende que la ayuda pública se priorice en favor de las explotaciones familiares que son las que fijan población en el medio rural y en los profesionales que realmente viven de la agricultura.

La ley actualiza y orienta hacia esta tipología de agricultura las principales políticas públicas en el ámbito de las estructuras productivas agrarias, tales como los regadíos las concentraciones parcelarias y la gestión del propio patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, regulados en estos momentos por marcos legales con una antigüedad de entre 30 y 50 años, diseñados en su momento para un sector agrario que nada tiene que ver ya con el actual.

La ley plantea una nueva regulación en cuanto a planificación, financiación y gestión del agua en actuaciones en el ámbito del regadío de modo que, partiendo del liderazgo de las propias comunidades de regantes, se asegure la sostenibilidad tanto el plano económico como en el ambiental, con la intención de que esta política siga siendo una herramienta útil en la fijación de la población. También establece una nueva regulación en materia de reordenación de la propiedad de las tierras, adaptándola a la situación actual, en cuanto a la cada vez más marcada dicotomía entre propietario y cultivador.

PRESUPUESTO AL ALZA

El presidente del Gobierno de Aragón ha compartido con los sindicalistas que el presupuesto del Departamento de Agricultura que dirige el consejero Joaquín Olona, también presente en el acto, será en 2023 el más alto, y solo por detrás de Sanidad y Educación (casi 930 millones) y supone un impulso a la modernización del sistema agroalimentario, así como la mejora que supondrá para el desarrollo de las políticas medioambientales llevadas a cabo por el Departamento.

Se mantiene el presupuesto de la PAC (452,5 millones de euros), lo que garantiza el nivel de ayudas actual en Aragón con la implantación de la nueva PAC. La línea de Incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones se ve reforzada destinándose 35,3 millones y es muy relevante para Aragón el inicio de la ejecución de grandes obras de modernización de regadío financiadas por el Ministerio de Agricultura directamente a través de Seiasa. Asimismo, se produce una recuperación y un aumento significativo del presupuesto para seguros agrarios con 8.8 millones (un 33% más).

La política de regadíos en Aragón ha comprometido entre 2016-2025 una inversión total de 552 millones de euros, con una aportación pública de 274 millones. Este impulso permitirá multiplicar por más de 10 la producción agrícola en las 64.004 hectáreas beneficiadas, de las que 29.260 corresponden a creación de regadíos y las34.754 restantes, a modernización.

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