La Asociación de Empresarios de Salones de Juego en Aragón (AESA) ha mostrado este viernes su malestar con la nueva ley del juego, la cual califican de “anticonstitucional” en algunos de sus aspectos, pese a que aseguran “no oponerse” a su tramitación, siempre y cuando haya modificaciones.
El presidente de la asociación, José Antonio Rubio, y el vicepresidente, Jesús Tremosa, han señalado que dicha ley “no protege a nadie” y que “destruirá 2.000 puestos de trabajo en Aragón”. En este sentido, desde el sector del juego privado aluden a que la nueva ley contempla la adhesión de las máquinas tragaperras de la hostelería al Rejup, un sistema en el que las personas con problemas con el juego se autoprohíben, de forma voluntaria, acceder a los salones de juego.
“Va a crear muchos problemas a nivel de protección de datos, ya que todos nuestros empleados en los salones pasan un certificado de penales y tienen capacidad para acceder a esa base de datos. En hostelería sería inviable”, ha subrayado Rubio.
Una situación que, según estima el presidente, “hará que el 50% de las máquinas sean dadas de baja”. “Cada máquina supone un puesto de trabajo, ya que el establecimiento deja de ingresar unos 20.000 euros al año”, ha añadido.
OTRAS MEDIDAS
Además de las tragaperras, AESA denuncia que la nueva ley también prohíbe el uso de tarjetas de crédito en sus establecimientos, algo que consideran “inconstitucional”, pues para ellos, las tarjetas solo son “una herramienta” que, además, permite “un mayor control” que el dinero en efectivo.
Desde la asociación han criticado la “contradicción” que supone dicha medida con la ampliación de los puntos de venta autorizados de ONCE y las Loterías y Apuestas del Estado. De hecho, sugieren que el interés de la ley radica “en trasladar el juego privado al público, aunque suene así de mal”.
Por último, desde AESA también inciden en que la nueva ley obligará a los salones de juego a monitorizar sus máquinas en tiempo real, lo que supone un coste de 200.000 euros por local "inasumible" para muchos de ellos.
Por ello, desde el sector piden a los distintos grupos políticos “que revisen la ley, sobre todo con sus servicios jurídicos”, ya que su aprobación afectará, además de al 50% de las máquinas tragaperras, al 30% de los salones. Unas cifras que se traducirán, según AESA, “en la pérdida de 2.000 puestos de trabajo” en un sector que ya de por sí está “en decadencia”.
