Los gobiernos autonómicos y central tienen de plazo hasta el 25 de julio para tramitar los permisos de autorización para los proyectos de renovables, pero las instituciones no dan abasto para estudiar todos los expedientes puestos sobre la mesa. Ante esta situación, desde la DGA ya se ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica una moratoria para ampliar los tiempos y cumplir los hitos que fija el decreto del año 2020.
Así lo ha confirmado este viernes el consejero de Industria, Arturo Aliaga, que ve “recomendable” esta prórroga para “no forzar la máquina” y no “meter en estrés a promotores y funcionarios”. Para ello, ya ha habido “conversaciones” con la ministra Ribera, además de peticiones en las conferencias sectoriales de Energía, para facilitar esa moratoria y evitar mayores perjuicios tanto a las empresas como al territorio.
En cualquier caso, Aliaga ha garantizado que el Ejecutivo, que debe tramitar todos los proyectos de menos de 50 megavatios, está trabajando con “total transparencia y pulcritud”, pero es consciente que los proyectos llegan a la Consejería con requerimientos, condicionantes del Inaga o denuncias que obligan a mirar al detalle todas las circunstancias que los rodean.
A ello se le suma el resto de proyectos de otros sectores que también están a la espera de su autorización y la situación de interinidad de los gobiernos autonómicos y central. “Que no le quede a nadie ninguna duda de que los equipos del Departamento están a pleno rendimiento y tramitando con absoluta normalidad todos los expedientes. Llegaremos a donde lleguemos, garantizando la información pública y la pulcritud”, ha señalado Aliaga.
Esta situación ya se vivió el pasado mes de enero, cuando los órganos ambientales, el Inaga en el caso de Aragón, tuvieron que recurrir a empresas externas para conceder o rechazar las evaluaciones de impacto ambiental antes del día 25. Entonces se analizaron 672 expedientes de proyectos eólicos y fotovoltaicos que ahora están sobre la mesa de la Consejería de Industria. En caso de no llegar a tiempo, las empresas perderían el derecho de acceso a la red eléctrica y los gobiernos podrían incurrir en responsabilidades patrimoniales.
