En octubre de 2022 expiró la fecha límite de presentación de los documentos necesarios para solicitar el “Bono de Alquiler Joven en la Comunidad Autónoma de Aragón”, pero, ocho meses después, muchos menores de 18 a 35 años (edad límite para pedir esta ayuda) continúan esperando este pago. Así lo han denunciado desde CCOO, que asegura que esta demora “no sólo afecta al nivel económico de los jóvenes”, sino que también tiene “consecuencias sociales”, al “poner obstáculos a su proyecto vital”. Esta ayuda va desde los 250 euros para alquileres de hasta 600 euros o una prestación de 300 euros por habitación en un piso compartido.
Para CCOO, este “retraso continuo” está poniendo en peligro la capacidad de los jóvenes para manejar los costos de vivienda, lo que los sitúa “en una posición vulnerable y expuesta a una situación de precariedad real”. “La falta del cumplimiento por parte de las autoridades produce sentimientos de frustración entre los jóvenes que confían en el sistema. La esperanza de obtener la ayuda próximamente ha sido completamente abandonada, lo que tiene un impacto en su bienestar emocional y reduce gran parte de su confianza en las instituciones”, ha asegurado Nacho Alastuey del Espacio Joven de CCOO Aragón.
El bono joven del alquiler tiene como objetivo apoyar a los jóvenes en su acceso a viviendas dignas. Según los últimos datos del Gobierno de Aragón, desde que se puso en marcha esta ayuda, la han solicitado 4.000 jóvenes y se han tramitado 1.200. El sindicato afirma que retrasar los pagos “profundiza la brecha entre generaciones”, ya que los jóvenes “se ven obligados a enfrentarse a mayores dificultades en conseguir el objetivo de la independencia”. “Esta desigualdad dificulta el desarrollo y perjudica la igualdad de oportunidades en la sociedad”, ha remarcado Alastuey.
CCOO sostiene que el retraso en el pago del bono joven del alquiler tiene un impacto en la cadena económica local. “Los jóvenes que no reciben la prestación tienen menos capacidad para gastar en bienes y servicios, lo que implica un impacto negativo en las empresas y comercios locales. Esto da como resultado una disminución en la actividad económica y puede causar una desaceleración general en la región”, han añadido desde el sindicato.
En este sentido, CCOO reclama soluciones como agilizar los trámites, acelerar el proceso de verificación y pago de las ayudas, garantizando que los jóvenes reciban el bono del alquiler en un plazo razonable. “Es muy importante que las instituciones se comprometan a cumplir con la fecha límite especificada y hacer pagos efectivos. Además, se deben implantar medidas para prevenir futuros retrasos y garantizar la efectividad de los programas de ayuda social”, argumenta Sonia García, secretaria de Igualdad y Política Social.