La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA) ha presentado hoy un informe en el que se muestra el impacto económico de las Ayudas de Funcionamiento en vigor, así como de los potenciales efectos de las ayudas en su máxima intensidad. En este sentido, el doctor en Economía y autor del estudio, José Antonio Herce, ha hecho una comparación entre las medidas aprobadas por el Gobierno de España y el tope permitido por la Comisión Europea, incidiendo en que se multiplicarían los efectos positivos sobre las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, sobre sus empresas y, por lo tanto, también a la hora de fijar población.
Este estudio reconoce que la introducción de las Ayudas al Funcionamiento en 2023 en España es un hito significativo en la lucha contra la despoblación. Sin embargo, para que las ayudas sean efectivas, se requiere una reformulación radical para alinear de manera efectiva los esfuerzos públicos y privados y conseguir el objetivo buscado por la Comisión Europea, que no es otro que la reactivación económica de estos territorios, como vía para incrementar la población.
El informe denominado «Las Ayudas al Funcionamiento y la lucha contra la despoblación: Impacto Económico» estima que llevando esta medida al máximo autorizado por la Unión Europea se pasaría de incrementar en Cuenca, Soria y Teruel el PIB de un 0,19 % con las ayudas vigentes (Ley 31/2023), a hacerlo en un 6,79 %. En cuanto al empleo, un aspecto fundamental para fijar población, se pasaría de un 0,17 % a incrementarlo hasta un 6,35 % en su cuantía máxima.
Además, este informe recalca que no solo tendría efectos positivos para las provincias, sino que también tendría un mayor retorno para las arcas públicas, puesto que el retorno fiscal pasaría de 5,86 millones de euros en el marco de ayudas vigentes, a hacerlo en 212,15 millones de euros en el marco de máximos que permite la Comisión Europea.
El 90,7 % de las poblaciones de las tres provincias se benefician de la mayor bonificación contemplada por las ayudas vigentes, al tener menos de 1000 habitantes, en el caso de nuevas altas laborales. Sin embargo, solo reúnen el 23,4 % de las empresas y el 14,6 % de los afiliados al régimen general, ya que la actividad económica está polarizada en los municipios de mayor población. Este límite, como criterio para zonificar, genera efectos distorsionadores y agravios comparativos, también porque discrimina a las empresas ya establecidas y sus asalariados contratados con anterioridad al 1 de enero de 2023.
En esta línea, el estudio destaca que las actuales Ayudas al Funcionamiento favorecen más a las nuevas empresas y trabajadores; mientras que las empresas y trabajadores autónomos existentes, que han resistido a la despoblación durante décadas, reciben beneficios muy inferiores. Para lograr una auténtica repoblación es necesario evitar la desaparición de las empresas existentes, garantizar que los trabajadores no queden desempleados y evitar que los jóvenes tengan que emigrar por falta de oportunidades laborales.
PETICIONES DE LA RED SSPA
Por parte de la Red SSPA y en palabras del presidente de FOES, Santiago Aparicio, se demanda que las Ayudas al Funcionamiento lleguen al máximo permitido por la Comisión Europea, y que la aplicación sea igual para todas las empresas, con independencia de que los trabajadores sean nuevas contrataciones o no, y sin que existan diferencias entre municipios. Además, se ha incidido en la necesidad de que todos los autónomos de Cuenca, Teruel y Soria se beneficien igualmente de estas ayudas sin limitación temporal, y en tanto las provincias no alcancen 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.