El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dado la razón a los padres del colegio Ánfora de Cuarte de Huerva que interpusieron un recurso ante el organismo después de que en 2015 el Gobierno de Aragón denegara la apertura del centro. El Tribunal considera que el Ejecutivo “vulneró el derecho fundamental a la educación” y condena a la DGA a acarrear con las costas del juicio.
En su sentencia, el organismo judicial estima que el Ejecutivo autonómico actuó de forma “arbitraria” para justificar su decisión, “con una sorpresiva y anómala inspección de las obras por el secretario general técnico del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón” y dos arquitectas de la Unidad Técnica de Construcción del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza el 17 de agosto de 2015.
Tras esta visita se elaboró un informe que reflejaba algunos fallos, que la sentencia tilda de “subsanables”, tal y como señalaron “los Técnicos del Ayuntamiento de Cuarte en los informes” y que posteriormente fueron “subsanados”. Sin embargo, el 20 de agosto la Dirección General de Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón emitió la Resolución por la cual impidió abrir el Centro y poco después también se modificó la concertación del Colegio Ánfora.
Esta situación es la que ha llevado al TSJA a dictar que la Administración aragonesa vulneró el artículo 27 de la Constitución Española, “en su vertiente de ayudar y facilitar libertad de elección de centro”, un derecho fundamental.
Sentencia “sin efecto práctico sobre el centro”
Desde el Gobierno de Aragón, el encargado de valorar la sentencia ha sido el director general de Planificación y Formación Profesional, Ricardo Almalé, que ha mostrado su “máximo respeto” a la decisión judicial. Almalé también ha afirmado que la sentencia no tiene “ningún efecto práctico sobre el centro, que desde el curso 15-16 viene funcionando a través de medidas cautelares con un concierto educativo que todos los años se ha ido realizando”.
Tras su valoración, Almalé ha querido incidir en “el compromiso” del Ejecutivo con la educación en Cuarte, a través de “la construcción de un colegio de tres vías que supone una inversión de siete millones” y la “próxima construcción de un instituto de Educación Secundaria” al que se destinarán ocho millones de euros.
El PP pide la dimisión de Mayte Pérez
La portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, también ha reaccionado a la sentencia del TSJA calificando la actitud del Departamento de Educación como “muy grave”. Vaquero ha explicado que “lo decente”, sería la dimisión de “los responsables políticos de esa vulneración de derechos” de la que habla la sentencia.
Por ello ha pedido la salida del Ejecutivo de la consejera Mayte Pérez, así como del secretario General de Educación, Felipe Faci, y del director general de Planificación, Ricardo Almalé. Para Vaquero, la actitud del Gobierno de Lambán “enfrentando deliberadamente la educación pública y la educación concertada”, ha sido “uno de los ejes sobre los que ha basculado su política educativa”, que, “lejos de solucionar carencias y generar un clima propicio, lo que ha provocado es que miles de familias teman por su libertad, sin saber si podrán o no llevar a sus hijos al colegio de su elección”.
