Los investigadores predoctorales piden que se cumpla el Estatuto para dejar de ser mileuristas

Los investigadores predoctorales en Aragón están cansados de la precaridad que tienen que soportar en su sector. Por eso, este lunes se han manifestado a las puertas del Paraninfo de Zaragoza con grandes pancartas para pedir que se actualicen los salarios de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) que sacó adelante el Ministerio de Ciencia este pasado mes de marzo.

Según este, el sueldo debe incrementarse en los cuatro años que dura un doctorado de forma progresiva hasta un 30%. Los afectados cobran ahora unos 950 euros al mes, “no somos ni mileuristas”, se queja el portavoz del Personal Investigador en Formación (PIF) en la Universidad de Zaragoza, David Navarrete. Si se estuviese cumpliendo el Estatuto “estaríamos cobrando 250 en tercero y hasta 400 euros más en cuarto de lo que cobramos ahora”, apunta.

Por eso han pedido en Consejo de Gobierno de la Universidad, reunido con las autoridades universitarias, que trasladen esta petición al Gobierno de Aragón. El equipo rectoral se ha comprometido a ejecutarlo “en los próximos quince días”. Si la DGA da su autorización, la Universidad procederá al abono salarial. “Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Aragón”, explica Navarrete.

Por otro lado, han llevado otras dos peticiones al Consejo de Gobierno de Unizar. La primera que, como cualquier empleado público, se les aplique el incremento de 1,75% del que ya disfrutan los funcionarios. La Universidad se ha mostrado favorable a este cambio. No así con la última de las reclamas de los investigadores, que exigen la retribución de trienios. Los investigadores consideran que “una vez que llevas tres años trabajando para un servicio público, lo normal es que cobres un poco más y no es así”, manifiesta el portavoz.

La Universidad va a pedir asesoramiento jurídico para este punto dado que considera que el contrato predoctoral es de formación, mientras los afectados consideran que es por obra y servicio y por tanto deberían cobrarlo. De momento, van a reunirse con el Justicia de Aragón este viernes porque “en esto sí que queremos llegar a un acuerdo”.

Aunque la situación no es tan grave como en los peores años de la crisis, cuando muchos investigadores tuvieron que marcharse al extranjero para trabajar, desde PIF consideran que “no es suficiente” y que las políticas “de coste cero” del Gobierno de España han pasado factura. La carrera investigadora ha dejado de ser atractiva para los jóvenes por la alta precariedad, los salarios de menos de 1.000 euros, la inestabilidad laboral y el alto nivel de exigencia; “a veces hace uno el trabajo de dos personas”, comenta Navarrete.

Por eso exigen que se mejoren las condiciones y se opere conforme a la normativa, que los considera trabajadores de pleno derecho, no becarios. Piden que aumente el número de contratos predoctorales en España y aplauden el programa de recuperación de talento impulsado por el Gobierno de Aragón para que los que se marcharon pueda volver a trabajar en su tierra.