Un docente da clase en un instituto público
El síndrome del profesor quemado, la carga burocrática o la carga lectiva son algunos de los motivos de este descontento de los docentes en el ámbito educativo

La salud mental se ha convertido en un factor importante para la sociedad y, según refleja el nuevo informe del servicio del Defensor del Profesor de ANPE -sindicato independiente de la enseñanza pública-, todavía más en el mundo docente. Un 44% de los 34 profesores y profesoras atendidas en Aragón sufre ansiedad y el 29% se encuentran de baja por “el estado de tensión constante” en el que se encuentran.

El curso 2021-2022 ha estado marcado por el aumento de faltas de respeto y falsas acusaciones por parte del alumnado, con un 24% y 12% respectivamente. Las familias también han estado presentes con un 28% de denuncias ante el centro o Inspección. “Todo ello confluye en los centros educativos y este año podemos describirlos como ollas a presión”, ha confirmado la Defensora del Profesor, Teresa Hernández.

“Nos encontramos cada vez más alumnado con problemas a nivel mental, también, porque han pasado una pandemia y les ha afectado. Establecer protocolos en los centros educativos porque la Administración lo publica, sin tener formación para ello y sin tener recursos económicos, reducción horaria o alguna forma de atender en horario lectivo a esos alumnos, ha hecho que suba el estado de ansiedad entre los docentes”, comentaba Hernández.

Y las reivindicaciones no quedan ahí: el profesorado aragonés denuncia que “solo el 40% del tiempo se utiliza en preparación de clases, el resto es burocracia”, y que los problemas con la Administración solo «agravan la situación». «Los equipos directivos se encuentran también saturados; en Aragón tenemos el problema de que cada vez hay menos docentes que quieren formar parte de ellos. No solo se trata de gestionar el centro, sino de atender todo este tipo de problemática«, ha manifestado Hernández.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN

Para mejorar la situación laboral y anímica de los profesionales, desde ANPE han reclamado una batería de medidas que engloban un programa de prevención de acoso escolar con protocolos de protección a víctimas, un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos, el aumento de Orientadores, profesionales psicólogos, de Servicios Sociales y auxiliares de Educación Especial, y una memoria presupuestaria precediendo los recursos materiales y humanos necesarios. «No estamos exigiendo solamente una mejora de las condiciones laborales, lo que más nos preocupa es no llegar a atender a todo el alumnado que tenemos en las aulas«, ha explicado la Defensora.

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