Un total de 1.745 empleados públicos de la Universidad están convocados a una huelga de jornada completa los días 6, 7 y 8 de junio. A pesar de las negociaciones mantenidas con el Rectorado, el Comité de Huelga se considera que no se han producido avances significativos, opinión generalizada de la plantilla cuando se informa de las propuestas recibidas en las distintas asambleas Campus realizadas, por lo que el conflicto lejos de encontrar vías de solución se va recrudeciendo.
La Universidad utiliza el pretexto legal de una sentencia del Tribunal Supremo para ahorrarse los fondos asignados a la Acción Social contenidos en el convenio – pacto. Además, el personal de la universidad reclama una Carrera Profesional Digna en términos comparables a los que percibe el personal de la DGA. Es preciso tener en cuenta que desde el año 2015 el personal universitario percibe una media de 16 euros al mes (cantidad congelada) que supone una décima parte de lo que percibe el personal de la DGA. En esta materia
Además, dado el hartazgo de este colectivo, en la convocatoria de Huelga se detalla una tabla reivindicativa sobre aspectos económicos que posicionan a este personal universitario entre los últimos puestos en condiciones de trabajo de toda la Administración Pública Aragonesa:
El PAS de la Universidad lleva 8 años con la Carrera Profesional congelada, es decir, que, desde hace 8 años, nadie se ha incorporado a ese complemento retributivo. Todo ello a pesar que esa retribución que lleva 8 años sin incrementarse va de los 9 euros al mes para el grupo más bajo que ahora tiene un mínimo de 13 años de antigüedad (primer tramo), a un máximo de 26,65 euros para un grupo A con más de 25 años de antigüedad (tercer tramo). En la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por llevar 12 años de servicios prestados se percibe un mínimo de 163,93 euros y un máximo de 324,73 euros.
Además, se plantea la necesidad de realizar una promoción profesional adecuada pues la carencia de promoción está llevando a que los puestos de responsabilidad sean realizados por personas con grupos profesionales muy bajos que perciben un sueldo que no está relacionado con el trabajo realizado, sino con esa baja categoría profesional. De la misma forma se produce una devaluación del trabajo mediante unos complementos no equitativos en la Relación de puestos de trabajo.
Por otra parte, los procesos de estabilización que afectan al 40% del total de la plantilla no se están desarrollando con el ritmo acordado. La suspensión de la retribución por la jubilación ha sido la gota que ha colmado el vaso del deterioro de las condiciones laborales de este personal, que por múltiples motivos se considera menospreciado por su Rectorado. Desde la representación del personal, se vuelve a solicitar la intervención de la Consejera Maru Díaz, ante la falta de voluntad y compromiso demostrada por este Rectorado.
