La Agenda 2030 retoma protagonismo. Aprobada en el 2015 por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en este 2023, es el ecuador para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Razón por la cual, en el Día Internacional de la Educación, se pretende hacer énfasis en la idea: Invertir en las personas, priorizar la educación. Replanteamos el tema como preguntas: en estos 15 años de la Agenda 2030 ¿cuánto se ha invertido en las personas?, ¿cuánto se ha priorizado en la educación?

En el marco de una crisis climática, conflictos armados –no solo entre Ucrania y Rusia-, de una recesión mundial y un nivel de desigualdad que amenaza con crecer, cada vez es más evidente que la educación debería ser una prioridad para los gobiernos. Aunque, es cierto, en mayor o menor medida todos los gobiernos la asumen como prioridad. El planteamiento es cuál sería el modelo de educación que se desea priorizar y para qué se prioriza. La situación educativa es diversidad dependiendo en cuál país pongamos el foco de atención. Según datos de la UNESCO, «244 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar y 771 millones de adultos son analfabetos». Es evidente que el derecho a la educación, por diversas circunstancias, está siendo obviado.

En España, al margen de otras valoraciones, se viene reforzando los recursos destinados a la educación. Experiencias positivas existen y se caracterizan por la igualdad, inclusión e innovación. Otro debate es el consenso deseado entre los partidos políticos para fortalecer los niveles del sistema educativo. Si nos referimos a los recursos económicos, en los Presupuestos Generales del Estado 2023 (485.985,81 millones de euros), el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene asignados 6.386,07 millones de euros; el Ministerio de Universidades, 474,58 millones de euros. 

El debate que se plantea todos los años es, cómo se administran estos recursos. Algunos de ellos, sin duda, llegan al alumnado que requiere de becas, material escolar, transporte y a la diversidad de servicios requeridos por los centros educativos. Por otra parte, está la necesidad de invertir más y mejor en el profesorado, en sus necesidades y expectativas. Inversión en mejora de procesos, innovación e infraestructura. Un mayor control del dinero público. Mejorar la eficiencia y otorgarle a la educación un protagonismo más evidente. Estas ideas probablemente se alcanzan en una lista de chequeo de resultados, pero ¿en la práctica? ¿En el día a día de la vida educativa?

Uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible, el cuatro, implica «garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos». El reto no es fácil, es complejo y es fundamental un pacto de Estado eficaz y eficiente que evalúe las debilidades del sistema, elabore estrategias coherentes y se aplique las correcciones necesarias para avanzar en una mejor educación.

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