El Gobierno combatirá el 'pin parental' por vía legislativa y judicial

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá
photo_camera La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá

El Gobierno combatirá el ‘pin parental’ de Vox por la vía legislativa, desde la comisión de seguimiento del Pacto de de Estado contra la Violencia de Género en las Cortes, porque considera que éste “ha sido vulnerado” e incluso lo llevará a instancias judiciales si el Gobierno de Murcia no rectifica y lo suprime.

Así lo anunciaron las ministras de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá y la de Igualdad, Irene Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Celaá remarcó que el ‘pin parental’, que permite a los padres prohibir la asistencia de sus hijos a actividades sobre educación afectivo sexual o de igualdad, no es una cuestión “administrativa”, sino que “afecta a derechos fundamentales” y agregó que la reforma educativa que tiene preparada para derogar la Lomce va en esa línea, pues “transita en la defensa de todos los derechos constitucionales”.

Además, recordó que “el propio sistema educativo tiene métodos de control, los consejos escolares”, donde las familias están representadas y que, asimismo, “hay un control social y un control de los propios docentes” para filtrar los contenidos que llegan a los menores en los centros escolares.

Por todo ello, anunció que ha enviado un requerimiento este viernes a la Consejería de Educación y Cultura de Murcia para que “excluya el ‘pin parental’ en las instrucciones de comienzo de curso” y así no tener que acudir a los tribunales en caso de que el Gobierno murciano desoiga este aviso.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseveró que el consentimiento parental “es un elemento claro de censura educativa. Una clara ruptura del Pacto de Estado contra la Violencia de Género” y por este motivo comparecerá a petición propia en la comisión de seguimiento de dicho pacto, tanto en el Congreso como en el Senado, porque este documento de consenso recoge la necesidad de implementar estas asignaturas para formar contra la violencia de género y a favor de la igualdad

Montero concluyó que “los niños de padres homófobos o machistas tienen derecho a recibir educación afectivo sexual”, saber que pueden amar a quienes quieran, cómo y cuándo quieran. “La educación en valores igualitarios es uno de los pilares de la democracia y de este Gobierno”, insistió.