La Comunidad de Madrid tendrá que recurrir ante la Audiencia Nacional las medidas anticovid publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los pasos jurídicos serán complejos, pero si la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quiere paralizar la entrada en vigor de las limitaciones impulsadas por el Gobierno central deberá solicitar medidas cautelarísimas, de adopción urgente y sin que los jueces escuchen a la otra parte.
La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo dictó este jueves un auto en el que declara la competencia de la Audiencia Nacional para el conocimiento de un recurso planteado por una asociación de consumidores contra un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 16 de julio de 2020 sobre actuaciones coordinadas frente a la pandemia del coronavirus.
El Alto Tribunal deja así establecido que sea la Audiencia Nacional y no el Supremo la que estudie y decida sobre los recursos y querellas que se puedan plantear en relación con las medidas votadas en el seno del citado Consejo Interterritorial.
El Supremo establece que no son actuaciones del Consejo de Ministros ni de comisiones delegadas del Gobierno en las que sí sería competente este órgano judicial. Razona que en la conferencia sectorial participa un miembro del Gobierno, un ministro, así como representantes de todas las comunidades autónomas, por lo que lo adecuado es atribuir la competencia a la Audiencia Nacional de acuerdo al artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Supremo añadía que esta decisión está en consonancia con otros pronunciamientos anteriores. Así, la Sala III ha conocido en el pasado varios recursos de casación contra sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en que diversas comunidades autónomas requirieron al titular del Ministerio de Sanidad, en su condición de presidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para que procediera a la convocatoria de un Pleno solicitado por más de la tercera parte de sus miembros.
Para que la Audiencia Nacional acuerde medidas cautelarísimas, el recurrente tendría que demostrar que la entrada en vigor de las restricciones requiere una reacción urgente de las instancias judiciales para evitar perjuicios que serían difíciles de reparar. Los jueces la adoptan sin escuchar a la otra parte y en un plazo de tiempo récord.
La Comunidad de Madrid anunció que la Abogacía General de la Comunidad está estudiando el acuerdo publicado por el BOE para presentar el recurso con suficiente base jurídica.
