Alrededor de 20.000 mayores internos en residencias murieron a causa del coronavirus durante la primera ola, lo que equivale al 6% de los residentes, según el informe final presentado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales a las comunidades autónomas.
Este informe, al que ha tenido acceso Servimedia, fue presentado el pasado miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En él se recoge que los mayores fallecidos en residencias ocupan entre el 47% y el 50% de las muertes provocadas por la Covid-19 en la primera ola.
Según los datos de este documento, elaborado por el grupo de trabajo sobre residencias creado por el Gobierno y las comunidades autónomas, el 6% de quienes estaban internos en residencias de mayores antes de la pandemia murieron por coronavirus, ya sean confirmados o bajo sospecha.
En concreto, se estima que los mayores que vivían en residencias antes del coronavirus eran 333.920, mientras que la Covid-19 habría provocado la muerte de alrededor de 20.000 mayores en estos centros, lo que arroja un porcentaje del 5,98%.
Este porcentaje sería más alto que en otros países como Escocia (5,5%), Reino Unido (5,2%), Bélgica (5%), Estados Unidos (4,2%), o (Francia (2,5%).
En base al informe, el impacto del coronavirus se produjo mayoritariamente en las residencias de personas mayores, siendo muy inferior la letalidad en los centros de discapacidad o centros de menores y casas de acogida.
La mayor mortalidad se detectó en personas con grado de dependencia reconocido y dentro del Programa Individual de Atención en centros residenciales, siendo de un 7,6%. Según explica el informe, en este caso la mortalidad es más elevada dada la mayor fragilidad de estas personas.
El documento de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales recoge un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) que señala que esta mayor mortalidad en residencias de mayores puede obedecer a diversas razones más allá de la propia vulnerabilidad que tienen per se las personas mayores frente al coronavirus.
A la edad y las comorbilidades se suman un “entorno cerrado con estrecho contacto con otros residentes” y que el personal de las residencias que los atiende “favorece la transmisión”. A esto se suman los escasos recursos diagnósticos, la “alta carga de trabajo” y una “falta de preparación del personal en cuanto a medidas de prevención y control de la infección”.
Otra de las conclusiones del informe sobre la Covid-19 en las residencias es que el virus entró en estos centros mucho antes del mes de marzo y lo hizo a través de las visitas. “Cuando se adoptaron oficialmente medidas de limitación de visitas, salidas, etcétera en las residencias -entre el 12 y el 18 de marzo- el patógeno ya se había introducido en muchos centros”, señala.
De hecho, explicita que “ahora conocemos que el 14 de marzo ya existían en España al menos 46.645 casos positivos” que fueron confirmados posteriormente a la red de vigilancia epidemiológica, de los cuales más del 40% se encontraban en Madrid.
Y es que las “condiciones inherentes a las residencias”, con una alta concentración de personas en espacios cerrados y dificultades para una adecuada ventilación facilitaron aún más la transmisión una vez el virus ya circulaba por estos centros, sobre todo “en periodo invernal”.
Lecciones aprendidas
El informe dedica una parte a las “lecciones aprendidas” de la pandemia en las residencias y recoge que la incidencia del virus en el territorio en el que se ubica cada residencia “es un factor muy relevante”, y señala como vital que los centros se reorganicen “antes de la aparición de brotes”, de forma que se creen pequeñas unidades de residentes a los que deben atender “preferentemente el mismo personal”.
En cuando se detecte un solo caso, la residencia “debe desencadenar de forma inmediata diversas medidas, entre las que es imprescindible la realización de pruebas diagnósticas de, al menos, a todas las personas de la misma burbuja” de residentes.
En este sentido, el informe apunta a que los test de antígenos “pueden ser de muchísima utilidad” para el uso en residencias por la “rapidez en obtención de resultados -entre 15 y 30 minutos-, menor coste y posibilidad de toma de muestra y obtención de resultado sin remitir pruebas a laboratorio”.
