Así lo subraya en un monográfico sobre la migración de las islas Canarias que se ha entregado este miércoles en el registro de las Cortes Generales, y donde recoge las principales conclusiones de la Institución que en los últimos meses de 2020. El año pasado se contabilizaron 23.023 personas que llegaron a las costas del archipiélago.
Tras la recepción de distintas quejas, técnicos de la Institución realizaron visitas de inspección a centros dependientes de la Administración General del Estado, Comunidad autónoma y cabildos insulares en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote.
Fernández Marugán apunta que hay que “aprovechar la oportunidad que nos ofrece esta crisis para mirar más allá de la emergencia y abordar una política migratoria que tenga en cuenta las necesidades específicas de nuestro mercado de trabajo y nuestra sociedad, en el marco de una política europea”.
Carencias
Las principales carencias identificadas fueron la falta de instalaciones adecuadas y la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables. La institución ha reiterado que “la asistencia jurídica que estas personas reciben cuando llegan a las costas es elemental para que el conjunto de garantías que tiene previsto el ordenamiento jurídico funcione de manera correcta”.
El Defensor vuelve a insistir en que no basta con el cumplimiento de determinadas formalidades para considerar que se garantizan los derechos fundamentales. En este sentido, reitera que los letrados intervinientes y los colegios de abogados han de velar para que la asistencia jurídica sea efectiva. En su opinión, los letrados tienen la obligación de exigir la existencia de unos medios que permitan proporcionar dichas asistencias con unas condiciones mínimas.
Por otra parte, según datos facilitados por la entidad de protección de menores canaria, a 12 de febrero de 2021, el número de menores extranjeros no acompañados que se encuentran bajo su guarda es de 2.666. De nuevo se han tenido que habilitar centros de emergencia ante la imposibilidad de acogerlos con los recursos disponibles del sistema de protección canario. Ante ello, el Defensor apunta que “no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que esto supone”.
Medidas
Para evitar que se repitan situaciones como la vivida en Canarias, en el estudio se proponen medidas de diversa duración. A corto plazo, “la institución considera necesario crear centros de acogida con un conjunto de instalaciones de carácter permanente que eviten tener que improvisarlas sobre la marcha; destinar más medios personales y materiales; protocolos de actuación bien definidos; normas de aplicación claras para regular cada situación (menores, madres con hijos, solicitantes de asilo y protección internacional); sistemas de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y oficina de atención a los familiares y medidas especificas para evitar que se generen fenómenos de xenofobia entre la población”.
A medio y largo plazo, el Defensor propone establecer “un sistema de coordinación que integre a los distintos organismos involucrados, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos” y también ve imprescindible alcanzar “un acuerdo de coordinación con las comunidades autónomas que sea consensuado y estable para buscar vías que acometan de forma solidaria distintas iniciativas de colaboración”.
