El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes el proyecto de Ley Orgánica de Reordenación e Integración de la Formación Profesional, que a partir de ahora iniciará su trámite parlamentario en el Congreso.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que confía en que la norma “salga adelante con el máximo consenso”.
Con la entrada en vigor de la nueva ley, todos los grados de Formación Profesional serán en modalidad dual, lo que significa que todos los alumnos realizarán parte de su formación –entre un 25 y un 50%– mediante prácticas en la empresa. Además, se creará “una pasarela” entre las enseñanzas de formación profesional y las universitarias, a fin de facilitar “itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos”.
Alegría ha destacado que la memoria económica de esta ley supone una inversión de 5.474 millones de euros en cuatro años, dirigida a la modernización del sistema y a la creación de plazas de FP.
El pasado 15 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de esta ley en primera lectura, cuando aún ocupaba la cartera de educación Isabel Celaá, cuyo trabajo ha agradecido Alegría.
Según la actual ministra, desde el principio, “la elaboración de esta norma se ha caracterizado por una muy amplia participación” por parte de “los agentes sociales, los centros formativos y las Comunidades Autónomas.
Dual, modular y acreditable
Ha explicado que “”por primera vez, el sistema de la Formación Profesional se dirigirá a toda la población activa, estudiantes y trabajadores, tengan o no empleo”.
Su nueva estructura contempla un sistema en cinco niveles ascendentes (A, B, C, D y E) que integrará las etapas existentes hasta ahora.
De este modo, se busca “facilitar el acceso a todo un abanico” de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes, que contempla desde unidades más pequeñas o micro formaciones (grado A) hasta alcanzar los títulos y cursos de especialización (grados D y E).
Cada persona podrá así diseñar y configurar itinerarios propios adaptados a sus expectativas profesionales y necesidades laborales, ha señalado.
Con independencia de su tamaño y duración, toda esta formación será acumulable, certificable y acreditable, lo que permitirá a estudiantes, ocupados y desempleados avanzar en su trayectoria formativa, que conducirá a acreditaciones, certificados profesionales, titulaciones y másteres profesionales.
El Grado A constituye la oferta de menor tamaño del nuevo Sistema Nacional de Formación Profesional y conducirá a la obtención de una acreditación parcial de competencia, mientras que la superación de todas las acreditaciones parciales de competencia de un módulo implicará la obtención del correspondiente certificado de competencia profesional o Grado B de formación, referido a un módulo profesional. A continuación se establece el Grado C, que reúne varios módulos y conduce a la obtención de un certificado profesional.
En cuanto al Grado D, se corresponde con los ciclos formativos de Formación Profesional, en los que se incluirá un proyecto intermodular, así como la innovación, la investigación aplicada y el emprendimiento. Por último, el Grado E integrará los cursos de especialización, que tendrán una duración de entre 300 y 800 horas. Quienes superen un curso de especialización obtendrán un título de Especialista (Grado Medio) o Máster Profesional (Grado Superior).
Toda la Formación Profesional tendrá carácter dual, ya sea general o intensiva.
El primero implicará un tiempo en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la compañía de participar en hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo.
Por su parte, la Formación Profesional intensiva supondrá una formación en la empresa a partir del 35% de la duración total, así como la colaboración de esta con el centro de formación en el desarrollo de más del 30% del currículo. Además, contempla un contrato de formación entre el estudiante y la empresa en los términos que determine la legislación laboral.
El proyecto incorpora la figura del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa. Este último colaborará en la valoración de los aprendizajes adquiridos de cada estudiante, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro de Formación Profesional.
Acreditación de competencias
El proyecto de Ley también transforma el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación.
Según Alegría, el texto fortalece el procedimiento abierto de manera permanente iniciado el pasado mes de marzo con la aprobación del Real Decreto 143/2021. Además, integra en una misma red los institutos del sistema educativo y los autorizados para formación profesional para el empleo.
Ha avanzado la titular de Educación que con este nuevo sistema, se prevé que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años, frente a los 300.000 que lo consiguieron con el modelo anterior.
Entre los objetivos de la ley, Alegría se refirió a “dar respuesta a la demanda creciente de estos perfiles profesionales” por parte del mercado laboral, e incrementar el número de horas de formación entre empleados y desempleados, la necesidad de acreditar las competencias profesionales de millones de trabajadores y aumentar “el número de jóvenes que eligen la Formación Profesional como opción formativa de primer orden y de éxito”.
Alegría ha subrayado que los jóvenes con FP Media o superior presentan una tasa de paro seis veces inferior a la del resto de jóvenes, y subrayó la gran demanda de este tipo de titulaciones en la actualidad.
“Debemos a toda una generación de jóvenes la oportunidad de un empleo de calidad y la Ley de FP se la ofrecerá”, ha concluido.
