La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido este miércoles que el plan de choque aprobado por el Gobierno para hacer frente a la subida del recibo de la luz no pone en riesgo la rentabilidad de las compañías eléctricas.
En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Ribera ha considerado que las quejas expresadas por estas compañías, principalmente por las nucleares, “es la primera reacción en caliente”.
A este respecto, ha explicado que había mantenido contactos previos regulares con las eléctricas antes de aprobar el plan y que sabían lo que iba a contener, aunque ha aclarado que “no tuvimos una propuesta que negociar o que trabajar con ellos”.
“Llevamos meses en los que las eléctricas sabían que nos íbamos a enfrentar a un otoño complicado con impacto en toda la economía”, ha añadido la vicepresidenta, quien ha apuntado que el Gobierno ha querido “velar porque la subida del precio mayorista no repercutiera con tanta intensidad en los bolsillos de las economías domésticas y de la industria”.
En todo caso, ha mostrado su disposición a analizar cualquier impacto no previsto para las compañías eléctricas tras el análisis de las medidas contenidas en el real decreto ley, aunque ha reiterado que “ninguna de las medidas tiene un impacto económico que ponga en peligro su rentabilidad”.
En esta línea, ha recordado que los límites a la retribución que pueden percibir las plantas no emisoras por el alto precio del gas “tiene carácter temporal y provisional” y se justifica por “la situación extraordinaria” que se está viviendo en estos momentos.
“Volveremos a hablar cuando tengan toda su valoración hecha”, ha asegurado Ribera, quien considera normal su malestar porque “con la expectativa de que con esta evolución sus beneficios se incrementaran tanto les guste poco que se incrementen un poco”. “Es una reacción natural”, ha sentenciado.
Por ello, ha dicho al sector que “es importante entender que ante lo extraordinario de esta turbulencia existe la necesidad de aportar todos”, lo que justifica limitar los crecimientos extraordinarios de los beneficios de las instalaciones que generan electricidad sin usar gas y sin comprar derechos de CO2”.
Además, ha defendido que se trata de “un paquete equilibrado” ya que el suelo de 20 euros por megavatio hora (MWh) fijado para retribuir el gas coincide con las cifras que las eléctricas firmaron cuando acordaron el calendario para el cierre de las centrales nucleares en marzo de 2019.
“Es obvio que hubieran preferido que les pasara de lado y no se implicaran en la respuesta que les hemos pedido pero la electricidad no es lo mismo que los caramelos o la frutería, es un sector enormemente regulado y en el que hay que velar por la seguridad del suministro”, ha proseguido.
De esta manera, ha abordado la advertencia de las centrales nucleares de su posible cierre ante esta situación, algo que, según recordó, debe autorizar el operador del sistema, Red Eléctrica. “No pueden hacerlo por sí solas”, ha agregado.
Por otro lado, ha sido preguntada por la posibilidad de que se tomen nuevas medidas si el precio del gas sube aún mucho más. Según ha asegurado “vamos a estar pendientes” porque “la sensibilidad del Gobierno con respecto a este asunto nos llevará a hacer lo que sea necesario para que no tenga impacto en las familias en un momento en que están saliendo de una situación muy complicada”.
Por último, ha criticado la respuesta del PP a estas medidas y se preguntó “si lo que le preocupa son los beneficios extraordinarios de las empresas o la situación de los consumidores”. “Su posición es el No a todo porque si se hace porque se hace y si no se hace porque no se hace”, ha concluido.
