El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde a la convalidación del real decreto-ley del Gobierno que incluye un paquete de medidas urgentes para frenar la escalada del precio de la luz, entre ellas un recorte a los beneficios extraordinarios obtenidos por las eléctricas a cuenta de la subida del gas.
El decreto, que ha defendido la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha recibido el respaldo de los socios de Gobierno y de las formaciones de izquierda, la abstención de PNV y Junts, y el voto en contra del PP, Ciudadanos, Vox, UPN y Foro Asturias.
El texto no se tramitará como proyecto de ley. Ribera ha dicho que “no tiene sentido” hacerlo así porque se trata de medidas coyunturales que van a tener un aplicación inmediata.
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha explicado que el Ejecutivo espera completar “en las próximas semanas” este plan de choque “con medidas adicionales que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria, reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social”.
Ante la polémica que ha generado la principal medida del decreto, el tijeretazo a las eléctricas, Ribera ha aseverado que quería “dejar bien claro” que “es una minoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios (por el alza del precio del gas), no a quienes no lo hayan hecho y hayan garantizado precios estables antes de la escalada”.
Tampoco será aplicable ese recorte, ha puntualizado también la vicepresidenta, “para quienes garanticen ‘ex novo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas, al contrario, necesitamos impulsar cobertura de precios razonables para nuestra industria. Por ello estamos trabajando para asegurar su correcta aplicación y desarrollo”.
En su intervención, la vicepresidenta ha mostrado el “agradecimiento” del Gobierno a la batería de propuestas planteadas por la Comisión Europea para contener la inflación energética, pero reiteró la posición del Ejecutivo español de que hay que tomar medidas de forma conjunta en la UE, como la compra centralizada de gas natural o la creación de reservas europeas de gas.
