El Ministerio del Interior pagará, a través del Gobierno de Canarias, 30.240 euros por cada vivienda habitual destruida por el volcán de Cumbre Vieja de La Palma, y 20.640 euros por las residencias que hayan sufrido daños estructurales.
Interior ha informado este lunes de que ha transferido al Ejecutivo de Canarias una partida de 10,5 millones de euros en concepto de subvención directa para cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas de La Palma y de los enseres de primera necesidad para el realojo de las personas que han perdido su hogar de residencia por la erupción volcánica.
El ministro Fernando Grande-Marlaska ha firmado la orden de transferencia, después de que el Gobierno de Canarias haya realizado los trámites administrativos pertinentes.
La asignación de estos 10,5 millones de euros fue aprobada el pasado 28 de septiembre por el Consejo de Ministros, en el marco de la declaración de La Palma como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Se dio el visto bueno entonces a un paquete de medidas, tanto urgentes como enfocadas a medio plazo, destinadas a ayudar a las personas afectadas por la erupción del Cumbre Vieja y a articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción de las infraestructuras.
También a negocios
Sobre esta partida transferida por Interior, este Ministerio explicó que quedarán exentas del IRPF y se admitirá como medio de prueba para acreditar la titularidad del inmueble cualquier documento que lo demuestre, como los recibos de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles u otros análogos.
Las asignaciones serán de 30.240 euros por destrucción total de la vivienda habitual; 20.640 euros por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual; 10.320 euros por los desperfectos no referidos a la estructura de la vivienda habitual; y 18.448 euros cuando el volcán haya dañado elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
Además, el departamento de Marlaska contempla ayudas destinadas a paliar daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; a corporaciones locales por gastos ocasionados para hacer frente a la emergencia; y ayudas a personas físicas o jurídicas por prestaciones personales y de bienes.
