Juan Carlos I, en una imagen de archivo. Foto: Casa Real

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las investigaciones abiertas sobre el patrimonio del rey Juan Carlos I. Lo acuerda en tres decretos firmados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en los que afirma que no hay indicios de criminalidad suficientes para presentar una querella ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.

Juan Carlos I estaba siendo investigado por las posibles comisiones del AVE a La Meca, los regalos recibidos por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, y el uso de tarjetas opacas al fisco y la fortuna oculta en la isla de Jersey. El Ministerio Público considera que no cabe perseguir penalmente a Juan Carlos de Borbón por ser inviolable mientras fue jefe del Estado, porque los hechos estarían ya prescritos y porque el monarca procedió a realizar sendas regularizaciones fiscales. Además, apunta que no hay evidencias de delito para sustentar una querella.

La Fiscalía hace referencia expresa a las regularizaciones fiscales realizadas por el emérito por más de cinco millones de euros y cuya validez estaba en tela de juicio porque se hicieron después de que Hacienda le hubiera comunicado que había abierto un proceso de inspección, lo que podría haber dado al traste con el carácter voluntario que deben tener las regularizaciones para eludir el delito fiscal.

Según dice, las notificaciones de incoación de Diligencias de Investigación no podían tener, «en los momentos en que se realizaron, el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias que activara el bloqueo temporal a la regularización que contempla el inciso final del apartado 4 del artículo 305 del Código Penal».

Por tanto, «la Fiscalía no tenía entonces constancia del incumplimiento de las obligaciones tributarias, conducta que posteriormente ha quedado perfilada tras el análisis de las actuaciones practicadas y, particularmente, tras las declaraciones tributarias efectuadas por la representación de S.M. D. Juan Carlos de Borbón».

AVE a La Meca

En consecuencia, el Ministerio Público no presentará querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ante la que el exjefe del Estado es aforado. En los decretos de archivo, uno por cada causa, se describe el objeto de la investigación. En el caso del supuesto cobro de comisiones por la adjudicación al consorcio Al-Shoula de 12 empresas españolas y dos saudíes para la construcción del AVE a La Meca, el fiscal Anticorrupción descarta un posible delito de corrupción en los negocios.

El consorcio empresarial que se hizo cargo de las obras entre las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudí estaba en el punto de mira de la Fiscalía por su relación con el ingreso de 64.884.405 euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación Lucum de la que Juan Carlos de Borbón era su titular real.

En relación con los fondos recibidos en 2008 por la fundación panameña Lucum en una cuenta del banco Mirabeaud de Ginebra se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito, dice la Fiscalía.

Sin embargo, la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito. No así la correspondiente al ejercicio de 2012 que, no obstante, tampoco sería susceptible de reproche penal porque desde esa fecha y hasta el 19 de junio de 2014, el ahora emérito estaba protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.

La investigación, añade, no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el ingreso de los 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna.

En ese escenario, la Fiscalía se decanta por considerar ese integro como “un regalo” que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal, aunque este posible delito estaría claramente prescrito.

Tarjetas

Relata el fiscal en otro de los decretos el contenido de las diligencias de investigación que se abrieron a raíz de la recepción de un informe de inteligencia financiera emitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) en el que se daba cuenta de unas transferencias ordenadas entre los años 2017 y 2018 por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause.

El empresario amigo del monarca y residente en el Reino Unido hizo esos ingresos en favor de una cuenta de la que era titular Nicolás Murga Mendoza, coronel del Ejército español, que había sido ayudante del emérito y del que se sospechaba que actuaba como testaferro suyo. Buena parte de las cantidades recibidas sirvieron, dice el Ministerio público, para satisfacer gastos de familiares de Juan Carlos de Borbón o personas vinculadas a través de uso de varias tarjetas de crédito.

La Fiscalía explica que no existe constancia de contraprestación alguna por las transferencias efectuadas entre los años 2016 y 2019 por Allen de Jesús Sanginés Krause a Murga Mendoza, y de las que el emérito fue beneficiario directo. El importe total de estas transferencias asciende a 516.606,32 euros.

Estas transferencias constituirían donaciones sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que el emérito no habría satisfecho en su momento. El día 9 de diciembre de 2020, la representación de Juan Carlos de Borbón presentó en la Agencia Tributaria declaración de ese impuesto, ingresando una cuota de 556.412,50 euros, más los correspondientes recargos e intereses de demora.

Según informe de fecha de 19 de enero de 2022, que completa el de 29 de julio de 2021, la suma total de las cuotas correctamente liquidadas asciende a 539.664,36 euros, resultado de restar del cálculo correctamente efectuado de las cuotas (559.361,32 euros) el importe de las que ya estaban prescritas administrativamente al tiempo de su ingreso (19.696,96 euros). Por tanto, el exjefe del Estado ingresó a la Hacienda Pública 16.748,14 euros de más.

Fundación Zagatka

En lo tocante a los gastos sufragados por la Fundación Zagatka posteriores la abdicación del monarca, el 19 de junio de 2014, la documentación remitida por la Fiscalía del Cantón de Ginebra en junio, julio y septiembre de 2020 contenía diversas referencias a esta fundación, constituida en Vaduz el 1 de octubre de 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón, también considerado testaferro de Juan Carlos.

No se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas de Zagatka ni los gastos y pagos efectuados por dicha fundación en su totalidad. Sin embargo, gracias a los datos de la Fiscalía del Cantón de Ginebra se ha podio acreditar que de ese pecunio se pagaron cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados por el emérito, sus familiares y allegados.

De hecho, en febrero de 2021 el antiguo jefe del Estado presentó autoliquidaciones complementarias por el IRPF correspondientes a los ejercicios 2014 a 2018, ambos incluidos. Esas declaraciones se produjeron sin requerimiento previo de la Administración Tributaria y llevaron aparejados los correspondientes ingresos por un total de 4.416.757,46 euros (3.544.906,22 de cuota más 871.851,24 euros, correspondientes a las liquidaciones de intereses de demora y recargos).

La documentación bancaria ha permitido a la Fiscalía comprobar que todos los pagos con cargo a esas cuentas han sido incluidos como renta sometida a gravamen en las declaraciones complementarias presentadas por la representación de Juan Carlos de Borbón.

La Fiscalía concluye que la regularización fiscal ha cumplido el requisito objetivo (completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria) y el temporal (que el reconocimiento y pago se hayan efectuado antes de que el Ministerio Fiscal haya realizado actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias). Y estima que el monarca realizó las regularizaciones sin haber sido informado de que estaba siendo investigado por delito fiscal, por lo que tendrían total validez para eludir el reproche penal.

En cuanto a la investigación de los fondos depositados en los paraísos fiscales de Jersey y Guernsey, el Sepblac valora en su informe la existencia de indicios de que el propietario último de los fondos del trust podría ser Juan Carlos de Borbón.

El dinero se movía gracias a dos trust constituidos por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, ya fallecido. Al no existir documentación soporte de estos trust, no se conoce el origen de los fondos con los que fueron creados. La finalidad de ambos trust era apoyar al entonces rey Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a éste como único beneficiario. El monarca decidió liquidar los trust en 2004 y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura.

Toda la documentación analizada apunta a que Joaquín Romero Maura es la persona que tiene el dominio de los fondos del trust, que ha tenido durante todos estos años una baja actividad, concretada en una gran mayoría de movimientos bancarios destinados a satisfacer los correspondientes honorarios de los trust y del protector y algunas disposiciones de fondos en favor de Joaquín Romero Maura.

Entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con el emérito, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos, en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas, incluido el período en el que Juan Carlos I ya no gozaba de inviolabilidad.

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