El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha denunciado este lunes la “escalada” de los precios de la energía, que ha considerado “injustificable”, y ha advertido de que las medidas adoptadas por el Gobierno para frenarla “resultan insuficientes” y de que el contexto actual “exige una mayor vigilancia e intervención para asegurar el funcionamiento adecuado del mercado energético”.
Así lo ha asegurado en un comunicado emitido con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se celebra este martes, y en el que, tal y como vienen reclamando diferentes asociaciones de consumidores, también ha pedido la “revisión” del sistema de fijación de precios de la electricidad dado que, a su entender, el actual sistema marginalista “genera graves distorsiones y mucha volatilidad, trasladándolo directamente a la tarifa regulada (PVPC)”, a la que están acogidos los consumidores vulnerables.
Según este organismo, el proceso de transición energética debe "traer beneficios" al consumidor, "dándole una posición central, además de ofrecer precios asequibles, justos y sostenibles”, por lo que también ha reivindicado una "mayor protección" de los consumidores domésticos y, en especial, de los usuarios vulnerables, para asegurar el acceso al suministro eléctrico.
“La escalada de los precios de la energía viene acentuando los niveles de pobreza energética en España, obligando a millones de familias a destinar una parte excesiva de sus reducidos ingresos al abono de la factura eléctrica, a limitar sus necesidades por debajo de los niveles deseables para la conservación de un grado mínimo de comodidad en sus domicilios, o a soportar las consecuencias derivadas de la suspensión del suministro eléctrico ante situaciones de impago”, ha criticado en este sentido.
Exclusión financiera
Por lo que respecta a la exclusión financiera que sufren diferentes colectivos, el CCU ha demandado el mantenimiento de una infraestructura física “accesible” de las entidades bancarias y, “especialmente”, en relación con ciertos servicios como el acceso al efectivo, que, a su juicio, “debería ser considerado como un servicio universal para garantizar el acceso de toda la población”.
En este punto, ha estimado necesario el establecimiento de convenios de colaboración de las entidades financieras con los ayuntamientos que permitan la instalación de cajeros automáticos multimarca en las oficinas municipales, así como con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos para proporcionar ese servicio en los núcleos de la España rural.
En paralelo, ha juzgado importante el desarrollo de “iniciativas específicas” para “proteger” a las personas mayores de las “estafas financieras” y ha urgido a estas entidades a implementar protocolos para “reconocer operaciones sospechosas”. Además, ha valorado que los servicios sociales municipales deberían disponer de programas de ayuda específicos en el ámbito financiero para que estas personas puedan realizar operaciones bancarias en un “entorno seguro y con un servicio de apoyo”.
Asimismo, ha llamado a dotar a las personas mayores de conocimientos prácticos para lograr competencias digitales y de herramientas básicas que les permitan gestionar sus finanzas, “evitando la exclusión o la dependencia de terceros” para realizar operaciones bancarias, entre otras medidas para garantizar su inclusión.
Finalmente, ha demandado a las administraciones de consumo un “mayor apoyo” para que las legislaciones sectoriales “favorezcan a los consumidores y usuarios”, tal y como propone en una campaña lanzada en redes sociales para demandar una “intervención eficaz de los poderes públicos para la protección adecuada de los consumidores” y sus derechos, convencido de que esta conmemoración es “una oportunidad para exigir que se respeten y protejan” y para “protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que los menoscaban”.
Tras puntualizar que la garantía de los derechos de los consumidores “exige contratos sin abusos y sin cláusulas abusivas”, ha lamentado que estas “siguen circulando en el mercado” y ha denunciado que han transcurrido cinco años sin que el Gobierno haya dado cumplimento a lo dispuesto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, sobre la regulación y puesta en funcionamiento de las entidades de resolución alternativa en el ámbito de la actividad financiera y en el ámbito de protección de los usuarios del transporte aéreo.
Date de alta para recibir nuestros boletines directamente en tu correo.