Manos de personas mayores
La Fiscalía General escuchará a los familiares de los fallecidos

La Fiscalía General del Estado ha dictado una orden para que todos los fiscales territoriales que estén instruyendo diligencias sobre muertes por coronavirus en residencias escuchen a los familiares. Además, les permitan aportar “las fuentes de prueba y la información que estimen relevante” para el procedimiento, reconociéndoles la condición de “víctimas indirectas”.

Además, les da un plazo de 30 días para que remitan la información obtenida. La instrucción está recogida en un oficio firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, en el que siguiendo instrucciones del fiscal general, Álvaro García Ortiz, ordena a los fiscales territoriales que den a los familiares la oportunidad de ser “oídos” en un toma de declaración.

Igualmente establece un plazo de 30 días para que se remitan a la Fiscalía General las diligencias de investigación relacionadas con las muertes por covid en centros de mayores ante la necesidad de “contar con información de mayor calidad acerca de los procedimientos penales incoados en las fiscalías territoriales y órganos judiciales de todo el Estado, que por su indudable importancia y trascendencia deben ser puestos en conocimiento del fiscal general”.

De este modo, las fiscalías territoriales deberán remitir informes con el número de diligencias de investigación sobre muertes en residencias de ancianos hasta el pasado mes de septiembre, la cifra de denuncias o querellas que hayan interpuesto en lo que va de 2022 y el número de procedimientos judiciales en tramitación en los juzgados o tribunales de las distintas comunidades autónomas.

AMPLIACIÓN

Esta instrucción es una ampliación de la que ya se dictó en marzo de 2020, cuando la fiscal general del Estado era Dolores Delgado. En ese momento se puso en marcha un mecanismo de recogida de datos que contemplaban las cifras de diligencias incoadas, las que estaban en tramitación y las judicializadas y/o archivadas en cada territorio.

Ahora, la Fiscalía General pide que se remitan informes de manera trimestral y entiende que estos datos no son suficientes y porque “es preciso adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia de la enfermedad”.

Esta instrucción se dicta un día después de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, se negara a abrir una comisión de investigación en la Asamblea madrileña sobre las muertes en residencias con el argumento de que “las familias ya lo han superado”.

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