El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, sin votos en contra y con el apoyo del PP, la convalidación del real decreto ley que incluye la rebaja del 21% al 5% del tipo del IVA aplicado al gas entre octubre y diciembre, una medida que tendrá un impacto de 190 millones de euros.
Este nuevo real decreto ley con medidas energéticas, el noveno desde hace algo más de un año, ha obtenido 284 votos favorables y 64 abstenciones. Además, se ha rechazado su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia.
En la defensa del decreto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que las medidas de apoyo del Gobierno a los consumidores aplicadas desde 2021 han permitido reducir las facturas energéticas un 33%.
De hecho, durante estos meses de “crisis energética” el Gobierno ha rebajado en un 80% los impuestos vinculados con el recibo de la luz, algo que significa un ahorro para los contribuyentes de en torno a 10.000 millones de euros, según el Ejecutivo.
Por ello, la vicepresidenta ha afirmado que sin estas medidas “el Impacto en los precios para la sociedad y para el tejido productivo hubiera sido demoledor”.
Como ejemplo, ha asegurado que un consumidor vulnerable que pagaba 39 euros en el primer semestre de 2021 ahora paga 38 euros y sin estas medidas pagaría 100 euros.
Además de la bajada del IVA del gas, el decreto incluye la excepción para que los productores de electricidad a partir de cogeneración puedan beneficiarse también del tope al gas al estar cubiertas estas plantas de forma temporal por el mecanismo ibérico.
Esta actuación solicitada por la propia industria beneficia a empresas que representan el 20% del PIB industrial de sectores como la cerámica, el textil, el ladrillo, la química o el papel, que son claves en muchos territorios. Hasta este momento, según ha destacado Ribera, ha permitido que el 56% de la potencia vuelva a operar.
Ribera también se ha referido a las nuevas subastas del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda que vienen a sustituir las subastas de interrumpibilidad y que permiten retribuir a la industria por desconectarse durante un periodo máximo de tres horas en momentos de alta demanda y a las nuevas medidas para agilizar la tramitación de las renovables.
APOYO CON CRÍTICAS
Aunque han votado a favor, el diputado del PP Guillermo Mariscal ha criticado al Gobierno por lo que considera “una rectificación” con la industria que afectó a 600 empresas y 200.000 trabajadores además de reprochar la falta de medidas para el butano o las calefacciones de gasóleo, así como por el fin de la vigencia de la medida a final de año. “El invierno no acaba el 31 de diciembre”, ha espetado.
En la misma línea, el diputado de Vox, formación que se ha abstenido, José María Figaredo ha echado de menos el apoyo al butano y ha lamentado que “el decreto es complejo y mezcla churras con merinas”. Además, ha señalado que no afecta a la “cuestión sustancial porque el problema es que nos hemos arrojado a una política energética suicida”.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Carmen Martínez ha mostrado su apoyo a este decreto aunque ha criticado al Gobierno por considerar que “llega demasiado tarde”, por lo que no evita que las plantas cogeneradoras hayan sufrido “un gran mazazo”, algo que no ha ocurrido en Portugal porque se les permitió desde un primer momento acogerse al tope al gas. Además, ha pedido al ejecutivo que apruebe un Perte para la cogeneración.