El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y, previsiblemente, votará este miércoles una moción del Partido Popular que propone establecer un “plazo máximo de 24 horas” para desalojar a los ‘okupas’ y elevar las penas hasta tres años de prisión.
Con esta iniciativa de orientación política –que no legisla sino que insta–, los populares quieren ver cómo se posiciona el PSOE –que apostó hace unas semanas por la opción de que estos desahucios se acometieran en 48 horas– y si se vuelve cristalizar el enfrentamiento con sus socios de gobierno, Unidas Podemos, en esta cuestión.
“Nos encontramos con un Gobierno central que se sitúa entre el populismo de izquierdas y el partido de Sánchez, y con unos ministros que están en contra de la ocupación ilegal de las viviendas, otros tibios que no se definen y otros que lo entienden. Hay muchas posturas diferentes en el Gobierno de la Nación y ante esto no podemos ser tibios. Ante esto tenemos que decir los que estamos a favor de que a la gente se le repongan sus derechos”, declaró el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hace apenas una semana y media.
Desde Génova han repetido hasta la saciedad en los últimos días que la “okupación no es de derechas o izquierdas” y que“son necesarios cambios legislativos en España para evitar la usurpación ilegal de las viviendas”.
MEDIDAS
La moción, que es consecuencia de la interpelación realizada a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a inicios de octubre, propone desalojar en “un plazo máximo de 24 horas” a los ‘okupas’ que ocupen de forma ilegal una vivienda y no puedan acreditar un título jurídico válido que demuestre su derecho a vivir en el inmueble. El desalojo, sin embargo, sería “inmediato” cuando la ‘okupación’ sea “flagrante”.
De forma simultánea, el texto aboga también por reforzar los equipos de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, así como los de los tribunales de Justicia autonómicos para que estos desalojos exprés puedan realizarse en tiempo y forma.
Los populares también quieren elevar las penas de delito de usurpación de vivienda hasta los tres años de prisión, mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias y prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de domicilio.
Por último, si la moción es aprobada, el Congreso instaría al Gobierno a considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal y a poner en marcha una legislación que devuelva las cantidades abonadas por los propietarios de viviendas ‘okupadas’ en impuestos relacionados con la propiedad, entre ellos, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre el Patrimonio.
