El PSOE y Unidas Podemos han presentado este viernes en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para reformar la tipificación penal del delito de sedición y reemplazarlo por el de "desórdenes públicos agravados", tal y como anunció anoche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha ofrecido una rueda de prensa a las 9.30 horas en el Congreso de los Diputados y después, a las 10.00 horas, ha registrado junto a Unidas Podemos la proposición de ley.
Sánchez anunció ayer en laSexta que el objetivo es "reemplazar" ese delito por otro de "desórdenes públicos agravados", algo "más o menos homologable" a las democracias del entorno, entre las que citó las de Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Suiza, a las que "nos queremos parecer".
Negó que sea una exigencia de ERC y subrayó que él lo reivindica "desde siempre", y recordó que los independentistas no quieren una reforma del Código Penal sino la "amnistía" para los condenados por el 'procés'. No obstante, tanto desde ERC como desde el PDECat han aplaudido esa reforma, sin dejar de reconocer que seguirán luchando por sus objetivos, que van más allá.
Preguntado por las consecuencias de esta reforma legal para el expresidente de la Generalitat de Cataluña huido de la Justicia, Carles Puigdemont, Sánchez aseguró que "tendrá que rendir cuentas" porque, porque los delitos que cometió "continúan estando presentes" en el Código Penal aunque "no como delito de sedición", sino como "desórdenes públicos agravados".
Ahora mismo, el PSOE tiene cupo para presentar iniciativas legislativas en el Congreso, por lo que la próxima semana podría ser calificada por la Mesa y ser elevada al debate de pleno la semana siguiente. La reforma del Código Penal se sometería al debate de toma en consideración y, en caso de superar ese primer paso, seguiría la tramitación en Comisión con la fase de ponencia, para después volver al Pleno y, una vez aprobada, ir al Senado. Según cálculos parlamentarios, para marzo podría estar en vigor, siempre dependiendo de de las prisas políticas durante la tramitación, ya que esta reforma, al ser una ley orgánica, requiere mayoría absoluta para su aprobación.
