La propuesta del Gobierno eliminaría en el cálculo de la pensión los dos peores años

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado a sindicatos y patronal destopar las bases máximas de cotización y las pensiones más elevadas, así como ampliar de 25 a 30 años el período de cálculo de la pensión, de los que se eliminarían los dos peores ejercicios de la carrera profesional.

Así lo trasladaron fuentes del Ministerio dirigido por José Luis Escrivá tras una reunión de la Mesa de Diálogo Social sobre Pensiones, en la que el Gobierno ha planteado una propuesta inicial para los dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, el planteamiento gubernamental apuesta por vincular la evolución de la base máxima de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, que es el IPC anual calculado en noviembre, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Dicho incremento iría acompañado también de un aumento de la pensión máxima.

Junto al destope de las bases de cotización máximas y las pensiones más elevadas, la propuesta inicial del Gobierno, ahora sujeta a la negociación con los interlocutores sociales, incluye la extensión moderada del periodo de cómputo de la pensión, que supone la elección de los mejores 28 años de 30 años (es decir, se descartan las peores 24 mensualidades), un cambio que se realizaría de manera progresiva, según estas mismas fuentes.

MEJORA DE LAS LAGUNAS DE COTIZACIÓN PARA LAS MUJERES

En la propuesta del Gobierno también se incluye la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres, y para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Asimismo, se crea un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

Las fuentes ministeriales subrayaron que este planteamiento es un “punto de partida”, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social, que se reunirá en los próximos días.

DIFÍCIL ACUERDO

Ante este planteamiento, fuentes de CEOE trasladaron a Servimedia que valoran recibir por fin una propuesta “en firme”, aunque precisaron que “de entrada” no creen posible que pueda “dar lugar a acuerdo”. Además, reprocharon que “llega tan tarde que no se entiende bien el papel de los agentes sociales si se quiere aprobar en los plazos previstos y sin que haya un acuerdo político”.

En este sentido, el Gobierno tiene comprometido con la Unión Europea que esta fase de la reforma de pensiones estará aprobada antes de que concluya este año. De hecho, el ministro José Luis Escrivá ya ha anticipado que todo “apunta” a que la fórmula elegida será el real decreto-ley.

INSUFICIENTE

Por su parte, CCOO destacó, tras el encuentro, que la propuesta del Ministerio resulta un “marco útil” para abordar la segunda fase de la reforma de pensiones, si bien las medidas planteadas son, en su conjunto, aún “claramente insuficientes”.

De igual modo, lamentó la “tardanza” con la que el Ministerio ha iniciado los trabajos de la mesa de diálogo social con las organizaciones empresariales y sindicales y reclamó la “máxima prioridad” para concretar sus trabajos.

El sindicato valoró que, por primera vez, se vaya a incorporar a la Ley General de Seguridad Social con carácter normativo que las bases máximas de cotización y todas las pensiones, incluidas mínimas y máximas, se revalorizarán cada año, al menos, con el mismo índice de revalorización del resto de pensiones.

“Esta propuesta significa evitar, por fin, que la actuación discrecional cada año por el gobierno de turno en los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo sobre bases máximas de cotización, lleve, como ha ocurrido en el pasado, a que los salarios más altos pueden disminuir su cotización en términos reales por crecer por debajo de los precios y salarios”, añadió CCOO.

A su juicio, la base máxima en España es inferior a la de países del entorno europeo, al situarse en 2023 por debajo de los 54.000 euros anuales. Además, defendió reforzar las medidas para luchar contra la brecha de pensiones que afecta a las mujeres, así como revisar la modalidad de jubilación parcial para todos los colectivos profesionales, con el objetivo de revitalizar su función social en el marco de la garantía del mantenimiento de las plantillas.

Ante la posibilidad de incorporar modificaciones en el período de cálculo de la pensión, CCOO considera que esta no es una medida recogida en esta ocasión en las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque ha sido incluida por el Ejecutivo en el marco del Plan de Recuperación.

“No es, en nuestra opinión, una medida necesaria en este momento, cuando acabamos de culminar el desarrollo de la extensión anterior, ni tenemos la certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria, lo que constituye una condición necesaria para cualquier nuevo debate al respecto”, abundó CCOO.

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