El nombramiento de dos magistrados para el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Gobierno sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya designado a los dos aspirantes que le corresponden, pone sobre la mesa una posible crisis institucional en el tribunal de garantías de consecuencias incalculables.
Ante esta nueva situación, el TC opta por la cautela en tanto no se pronuncie el pleno del Consejo, el próximo 22 de diciembre. Las continuas dilaciones impuestas por el sector conservador del CGPJ para proceder a la renovación del Constitucional, que lleva pendiente desde el pasado 13 de septiembre, han acabado por colmar la paciencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que este martes anunció el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, como nuevos miembros del Tribunal Constitucional, sin esperar al Consejo.
La renovación del Constitucional se ha convertido en un auténtico pulso de las fuerzas conservadoras del CGPJ, decididos a obstaculizar una renovación que supondría dar la vuelta a las mayorías en el TC, que pasaría a ser progresista.
Con los nombramientos del Gobierno sobre la mesa, el Tribunal Constitucional deberá tomar posición sobre el hecho de que sólo la mitad de los miembros que toca renovar ahora sean designados. Por el momento, sus integrantes prefieren ser cautelosos y depositan sus esperanzas en que el Consejo nombre a sus dos candidatos en el pleno del próximo día 22 de diciembre.
Las últimas reuniones de la comisión negociadora del CGPJ para designar a sus candidatos han concluido sin acuerdo y si apenas avances, aunque en el pleno ordinario del Consejo de la pasada semana todos los vocales se comprometieron a realizar los nombramientos antes de final de año, en el pleno del 22 de diciembre.
En ese compromiso cifran sus esperanzas los miembros del TC para evitar una crisis institucional. En realidad, explican fuentes del tribunal de garantías, no existe ninguna regla formal que obligue al Ejecutivo a esperar los nombramientos del CGPJ, pero la tradición en todos los años de democracia es hacerlos de manera conjunta por lo que esta situación es terreno desconocido.
En principio, los nombramientos deben pasar por el Pleno del TC que evalúa su mérito y capacidad. Es un trámite hasta ahora formal, pero que en esta situación podría desencadenar problemas si los magistrados conservadores, que ahora son mayoría, deciden no dar su aval a Campo y Díez.
El Constitucional se renueva por tercios, lo que significa que en esta ocasión debe sustituirse a cuatro de sus miembros, entre ellos su actual presidente, Pedro González-Trevijano, y su vicepresidente, Juan Antonio Xiol, además de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Además, el Senado tiene que nombrar también al sustituto del magistrado Alfredo Montoya que tuvo que renunciar al puesto por enfermedad.
