La Ley de Vivienda regulará los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado, que serán ‘topados’, "sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos".
Así lo anunciaron la diputada de ERC Pilar Vallugera y el portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, en una rueda de prensa en la que dieron cuenta del acuerdo con el Gobierno para desbloquear una ley que llevaba 13 meses atascada en el trámite parlamentario.
Vallugera señaló que los topes “se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores”.
Además, explicó la declaración de zonas tensionadas será más fácil que en el texto inicial ya que fijará dos condiciones disyuntivas, es decir, que tendrán que cumplirse solo una de ellas para posibilitar la declaración.
Así, una comunidad autónoma podrá declarar una zona tensionada cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.
Otra de las principales novedades es la nueva definición de grandes tenedores, que rebaja su definición de diez a cinco inmuebles. Las comunidades autónomas podrán "en función de sus competencias y atendiendo a sus respectivas realidades, rebajar la condición" al nuevo límite fijado por la ley. Así, los grandes propietarios tendrán que someter sus el alquiler de sus inmuebles al índice fijado por el Gobierno. Esto, según Vallugera, reducirá la "especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás fondos de inversión".
GASTOS Y HONORARIOS
Por otro lado, otra novedad principal será que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble “correrán siempre a cargo del propietario”, lo que, indicó la diputada de ERC terminará con estos “gastos abusivos” “El servicio inmobiliario se presta al propietario, y por tanto será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere”, agregó.
Además, se prohibirá aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos “a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente”, lo que evitará “una posible vía para el fraude de ley” y se eliminarán “las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley de existir un acuerdo entre las partes”.
Según Vallugera, “desde una posición preponderante del propietario sobre el inquilino que suele darse de manera habitual, el inquilino podría verse forzado a renunciar por contrato a las medidas y derechos que contiene la ley para conseguir el contrato”.
En cuanto a la revisión anual de los contratos, los diputados de las formaciones independentistas subrayaron que “se elimina el IPC como índice de referencia”, ya que “ha demostrado que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados”.
Ahora se aplicará el límite del 2% en vigor desde el mes de diciembre hasta final de año, mientras que en 2024 será del 3% y en adelante “se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC”.
DESAHUCIOS Y COMPETENCIAS
Respecto a los desahucios, se prohibirán aquellos “sin fecha y hora predeterminada”, lo que la diputada de ERC subrayó como un “demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos”.
También se incluirán nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos “más de dos años”, y se estipulará “el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables”. Además, las autonomías podrán articular “mecanismos propios” de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos.
La norma también reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política que tenga como objetivo ofrecer alternativa habitacional a estas personas y familias.
Por último, los diputados aseguraron que el texto “respetará” las competencias autonómicas y locales, ofreciendo un “marco jurídico habilitante y seguro para que las instituciones competentes en materia de vivienda puedan desplegar, desarrollar y ampliar las políticas de vivienda necesarias mediante sus capacidades y herramientas propias”.
