El grupo municipal del PP ha denunciado la suma de irregularidades en el servicio de limpieza de edificios públicos municipales, que implicarían, a día de hoy, el pago de más de 325.000 euros en facturas sin contrato. La comisión de Hacienda ha conocido este viernes el informe de los técnicos municipales, que advierten sobre el incumplimiento de los preceptos legales que se exigen en los contratos públicos.
Según el grupo popular, la decisión de Luis Felipe “por acción u omisión” de prorrogar la prestación del citado servicio desde el pasado mes de marzo, cuando concluyó el contrato, es “nula de pleno derecho”. El informe concluye recordando la obligación de los servicios técnicos de incluir esta irregularidad en el informe que eleva anualmente al Tribunal de Cuentas.
La situación se remonta al 22 de febrero de este año, cuando quedó desierto el concurso de adjudicación de la limpieza de los edificios municipales. El equipo de gobierno, encabezado por Luis Felipe, interrumpió en ese punto la tramitación de un nuevo contrato. La adjudicación entonces en vigor concluyó el 15 de marzo y, desde esa fecha, el servicio se presta sin ningún tipo de contrato ni fiscalización previa. El resultado provisional, puesto que las cantidades seguirán incrementándose en los próximos meses, es un reconocimiento de crédito que asciende a más de 325.000 euros que deberá ser aprobado en el próximo pleno municipal.
La concejala popular, Antonia Alcalá, ha mostrado la “indignación” de su grupo no solo por estos hechos sino por “la estrategia de Luis Felipe para enmascarar una serie de actos que se dieron al margen de la ley”. Alcalá se refiere a la urgente publicación de un decreto de alcaldía que vuelve a retomar el proceso de adjudicación, “curiosamente el mismo día [por este viernes] en el que la comisión de Hacienda tenía conocimiento de las facturas”. Aunque se reinicie el expediente para un nuevo contrato, cuya conclusión llevará meses, la empresa que en la actualidad realiza la limpieza continuará acumulando facturas que carecen de fiscalización previa.
Alcalá denuncia que “el nuevo mandato de Luis Felipe se inicia con el lastre de sus propias torpezas, que en esta ocasión son de muy dudosa legalidad. Ya no se limita al descrédito del propio alcalde sino que deja al Ayuntamiento en una situación extremadamente grave en términos jurídicos”, concluye la concejala popular.